Un jurado federal condenó hoy a un hombre de California por apropiación indebida de cientos de miles de dólares en préstamos perdonables del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) garantizados por la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (CARES).
Según las pruebas presentadas en el juicio, Oumar Sissoko, de 59 años, cuya última residencia conocida estaba en Temecula, presentó una solicitud de préstamo PPP en nombre de su empresa, Road Doctor California LLC, y obtuvo $7,25 millones. La solicitud de préstamo certificaba que los fondos se utilizarían para retener a los trabajadores y mantener la nómina o realizar pagos de intereses hipotecarios, pagos de arrendamiento y pagos de servicios públicos. A principios de mayo de 2020, Sissoko se apropió indebidamente de cientos de miles de dólares de los fondos del préstamo PPP para usarlos con fines no permitidos, incluida la compra de un automóvil de lujo por más de $100,000, la satisfacción de un préstamo hecho a Sissoko en relación con su adquisición anterior de un auto de lujo diferente, y la compra de una computadora por casi $6,000. Sissoko también intentó transmitir aproximadamente $150,
Sissoko fue condenado por cuatro cargos de fraude electrónico. Está programado para ser sentenciado el 18 de julio y enfrenta hasta 20 años de prisión por cada cargo de condena. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
el Fiscal General Auxiliar Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del Departamento de Justicia; la Fiscal Federal Tracy L. Wilkison para el Distrito Central de California; el Subdirector Luis Quesada de la División de Investigación Criminal del FBI; la Subdirectora a Cargo Kristi K. Johnson de la Oficina de Campo de Los Ángeles del FBI; el agente especial a cargo Weston King de la Oficina del Inspector General de la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA-OIG) de la región occidental; y el agente especial a cargo Jeffrey D. Pittano de la Oficina Regional de San Francisco de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC-OIG) hicieron el anuncio.
El FBI, SBA-OIG y FDIC-OIG investigaron el caso.
La Fiscal Federal Auxiliar Carolyn Small para el Distrito Central de California y el Abogado Litigante Jason Covert de la Sección de Fraude de la División Criminal estuvieron a cargo de la acusación en el caso.
El 17 de mayo de 2021, el Fiscal General estableció el Grupo de Trabajo para el Control del Fraude por COVID-19 para reunir los recursos del Departamento de Justicia en asociación con agencias de todo el gobierno para mejorar los esfuerzos para combatir y prevenir el fraude relacionado con la pandemia. El grupo de trabajo refuerza los esfuerzos para investigar y enjuiciar a los actores criminales nacionales e internacionales más culpables y ayuda a las agencias encargadas de administrar programas de ayuda para prevenir el fraude aumentando e incorporando los mecanismos de coordinación existentes, identificando recursos y técnicas para descubrir a los actores fraudulentos y sus esquemas, y compartiendo y aprovechar la información y los conocimientos obtenidos de los esfuerzos de aplicación anteriores. Para obtener más información sobre la respuesta del departamento a la pandemia, visite https://www.justice.gov/coronavirus .
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19 puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional para el Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia
