Jue. Mar 28th, 2024

Mtro. Luis José Samayoa Rodríguez

Asesor Jurídico en materia fiscal y de empresas

Para abordar el tema es necesario definir que debemos entender por canasta básica alimentaria y distinguirla de la canasta básica ampliada. La canasta básica alimentaria (CBA) puede ser definida como el conjunto de productos alimenticios suficientes para satisfacer necesidades de un hogar estándar, es decir, un hogar promedio. Esto significa que la canasta básica de alimentos no abarca otro tipo de necesidades que son de naturaleza primaria del consumidor, como son insumos de higiene personal, vestimenta, transporte, por mencionar algunos ejemplos.

La oficina nacional de estadísticas y censos (ONEC), refleja datos que para febrero de 2023 los precios de las canastas básicas alimentarias son los siguientes: sector urbano doscientos cuarenta y nueve dólares con setenta centavos por familia constituida por un promedio de 3.73 miembros y sector rural ciento ochenta dólares con siete centavos por familia constituida por 4.24 miembros. Estos datos deberán considerarse al momento de comparar los salarios mínimos vigentes que fueron actualizados a fecha de agosto 2021, por el hecho que dependerá del rubro así será el salario que corresponda y se partirá como base para evaluar si es sostenible en el tiempo mantener una canasta básica de alimentos ahora que estamos ante un alza de precios de los productos.

Al comparar los datos de hace 24 meses con los de enero de 2023, para el sector urbano el aumento equivale a casi un 23%. Mientras que para el sector rural la proporción se eleva hasta un 30.76%, por lo que las familias que viven en el campo serían las que más dificultades experimentan para poder comprar sus alimentos. Con respecto al alza histórica, el precio de la CBA Urbana, desde 2001, ha incrementado su precio hasta en un 90.8%, pues pasó de $128.40 a más de $245 en casi dos décadas; mientras que la CBA Rural experimentó un aumento de más del 96% en el período de 2001 a 2023, siendo las familias numerosas las más afectadas.

Por tal razón, el manejo de los precios establecidos por la Defensoría de Protección al Consumidor y el resto de entidades competentes en la materia, deberán acatarse por parte de los usuarios para evitar controversias y sanciones administrativas, aunado al impacto que pueda generarse por un alza de precios de cara a los consumidores. Por consiguiente, el trabajo colaborativo de los sectores sociales es sin duda crucial para lograr buenos resultados, desde la parte gubernamental en donde las instituciones técnicas en lo referente al control de precios de mercado, actuaciones de los sujetos del comercio y responsables de un marco normativo vigente y actualizado hasta cada una de las personas que integran el Estado, siendo un tema de cuidado y consideración para todos.

Está claro que el alza de alimentos y el consumo van de la mano, por lo que debemos ser conscientes que es más fácil que pueda existir un alza del precio de los alimentos que un incremento a corto plazo de los salarios mínimos vigentes por ley. Recordemos que el tema de seguridad alimentaria y el consumo son parte de los objetivos transversales de la agenda 2030, la cual persigue una transición de los modelos económicos y de consumo hacia la sostenibilidad, dejando claro que toca diversas aristas sociales de una manera directa o indirecta.

Implementar políticas publicas que ayuden a fomentar una cultura de educación financiera y la mejora en la adquisición y venta de los productos que integran la canasta básica alimentaria de la población salvadoreña, será de gran beneficio para nuestra sociedad y los consumidores en general, por lo que es tarea de todos sumarnos a estos esfuerzos de cambio significativo para una sostenibilidad en el tiempo y mejora continua a corto y largo plazo.

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