Este día la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en el marco del proyecto “Sociedad Civil promoviendo el acceso a la justicia y la seguridad humana en El Salvador”, presenta el estudio denominado “Situación de la desaparición de personas en El Salvador y la respuesta del Estado en la gestión gubernamental 2019-2022”.
El estudio tiene como objetivo establecer cuál es la situación actual de problemática de personas desaparecidas en El Salvador y cómo el Estado viene respondiendo a ella.El documento inicia con una retrospectiva de la problemática, que permita comprender los retos del Estado ante un problema de dimensiones históricas que debió ser resuelto de manera inmediata a los Acuerdos de Paz.
El estudio hace un examen situacional, vinculado a la actual gestión gubernamental, sistematizando información de diferentes fuentes a falta de datos oficiales actualizados, cuyo acceso ha sido restringido.
Aunque no se conoce con exactitud las denuncias sobre desaparecidos, sí ponen de manifiesto la persistencia de la problemática y la necesidad de acciones más contundentes por parte del Estado.
Mediante una estimación derivada del uso de esas fuentes, se puede establecer que el total de casos de personas desaparecidas entre 2019 y junio de 2022 ronda los 6 443, de los cuales, los casos activos pudieran llegar a los 2 397, esto es, el 37.20% del total de casos. No es posible determinar si los casos activos han disminuido en razón de la actividad de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, especialmente porque no hay acceso a cifras actualizadas.
A partir de testimonios de familiares de víctimas de desaparición integrantes del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, se concluye que la atención que las familias de las víctimas reciben en las instancias correspondientes sigue siendo deficiente.
La falta de empatía y sensibilidad del personal que atienden de manera directa a las víctimas, la ausencia de investigaciones serias, exhaustivas y concluyentes desde la FGR con el apoyo de la PNC, la revictimización de las familias, hasta cuestionamientos de tipo sexista y misóginos cuando las víctimas son mujeres, son algunos de los principales problemas a los cuales se enfrentan al momento de informar sobre una desaparición o durante el “proceso de investigación”.
La ausencia de políticas integrales y de normativa acorde a la problemática de personas desaparecidas, es por eso que FESPAD se une al llamado a las autoridades con el estudio presentado.
