Con 78 votos, los diputados de la Asamblea Legislativa le eliminaron el fuero constitucional al diputado de ARENA Alberto Romero.
Ahora, Romero deberá enfrentar un proceso penal por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que le imputa la Fiscalía General.
#LoÚltimo | Tras el retiro del fuero, la Policía Nacional Civil (PNC), hizo efectiva una orden de captura contra el diputado Alberto Romero, del partido ARENA, por el delito de lavado de dinero y activos
Este proceso inició luego de que, el pasado 23 de agosto, en la sesión plenaria 120, el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, solicitara a este órgano de Estado que se le retirara la inmunidad al legislador para poderlo procesar penalmente.
«Una vez más, se ha hecho justicia en esta plenaria», expresó el Presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien además dirigió la Comisión Especial de Antejuicio contra de Romero.
De acuerdo a lo expuesto en la sesión plenaria extraordinaria número nueve, el parlamentario oriundo de Cojutepeque, Cuscatlán, tiene distribuidos en cuatro cuentas bancarias un total de $1,162,388.05. Además, existen otras 28 cuentas que tendrán que ser investigadas por las autoridades pertinentes. Es por eso que la FGR le imputa los referidos delitos.
Al haberle quitado el fuero, el integrante del partido ARENA fue suspendido de su cargo como legislador, el cual ocupó durante 23 años, de acuerdo a los registros.
El Código Procesal Penal, en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4, determina que se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
En la plenaria extraordinaria, el parlamentario Giovanny Zaldaña, fiscal del caso, destacó la solicitud de desafuero, debido a los indicios de corrupción que este presentó.
“La parte fiscal solicita a este pleno legislativo que se desaforé y se ponga a la orden de la Fiscalía al diputado del partido ARENA, Alberto Romero, tras haber encontrado las pruebas suficientes por el cometimiento de actos de corrupción”, dijo Zaldaña.
La nueva legislatura está marcando un precedente en el combate a la corrupción al retirarle la inmunidad a legisladores, independientemente del partido a que pertenezcan, para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.
“En su defensa, se dijo que nosotros seríamos los verdugos de la democracia y sí, somos los verdugos de los maletines negros, del político del pasado, de la democracia que instauró el FMLN y de ARENA y somos los verdugos de Alberto Romero, ya que ante las pruebas podemos ver cómo saqueaba al pueblo salvadoreño”, aseveró el parlamentario Zaldaña.
Por su parte, la diputada Marcela Pineda, quien también funció como fiscal, manifestó: “esta Asamblea Legislativa no es la casa de Beto Romero, tampoco es la casa de corruptos. Esta es la casa del pueblo y en esta casa las ratas y las plagas se sacan”.
Ante respecto, el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, recordó que en el pasado a ningún diputado se le quitó la inmunidad por corrupción y “en esta nueva legislatura, en apenas dos años y medio, este sería el quinto diputado desaforado”.
“Años anteriores no existió una Asamblea Legislativa con notoria honradez ni probidad, por ello los salvadoreños pidieron un cambio. En la administración del presidente Ernesto Castro todo esto cambió, se está eliminado la corrupción. Salvadoreños, hagan patria, ya no sigan eligiendo corruptos”, mencionó la diputada Alexia Rivas.
Las investigaciones fiscales
Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.
Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigaciones de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.
El defensor del parlamentario del tricolor, Ernesto Alfredo Parada, aseguró ante el pleno que Romero es inocente, debido a que la sentencia condenatoria no es firme.
“Nunca imaginé estar aquí al frente defendiendo a un inocente (Alberto Romero). Estoy defendiendo a Alberto, a quien yo considero mi amigo, pero de lo que se le acusa no es un proceso firme, más bien es una sentencia sin firmeza porque falta la apelación y pruebas”, dijo Parada.
La tarde del 23 de agosto, el miembro del partido tricolor fue retenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), horas después de que abandonara el recinto legislativo durante el desarrollo de la plenaria número 120.
Ese mismo día, luego de que la Fiscalía solicitara a los parlamentarios que le retiraran el fuero constitucional a Romero, Ana Lourdes de Romero y Lourdes Gabriela Romero de Marroquín, esposa e hija respectivamente, abandonaron el país, vía terrestre, rumbo a Guatemala.
En la Comisión Especial de Antejuicio, los diputados fiscales citaron a las dos familiares del señalado y a la exasesora de la Asamblea Legislativa María de Jesús Guardado, quien fungió en el cargo hasta el 30 de abril de 2021. Al igual que las familiares de Romero, ella abandonó El Salvador; lo hizo el 24 agosto de 2023 y su destino fue Estados Unidos, según los registros de Migración y Extranjería.
Otros de los convocados fueron el excolaborador administrativo de este Órgano de Estado, Ricardo Gutiérrez Romero (quien reside en Estados Unidos desde el 22 de abril de 2021); al exordenanza de la institución, David Fernando Vaquerano, quien trabajó hasta el 1 de febrero de 2018 (habita en Estados Unidos desde el 6 de febrero de 2018).
La asistente de la fracción de ARENA Ana María Gertrudis Ortiz de Lemus también fue citada y fue la única que comparecería ante la comisión.
“Los colaboradores del partido hicieron diversos depósitos a las cuentas bancarias de Romero, de su esposa y de la hija. ¿Este será un mecanismo entre los empleados de ARENA junto con sus diputados?”, cuestionó la diputada Marcela Pineda.
En mayo de 2016, La Prensa Gráfica publicó que la Asamblea Legislativa gastó más de $20 mil en viajes en un mes. Uno de los diputados viajeros fue Romero, quien acudió a Perú para atender una invitación del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica y participar como observadores internacionales en el proceso electoral 2016 de ese país.
El medio de comunicación citó que llamó a varios legisladores para cuestionarlos sobre esos viajes, pero el único que atendió fue Romero, quien se limitó a decir que no comentaba sobre ese tema: “Fíjese que yo no comento viajes, a la próxima, oiga”, respondió.
Ese no es el único viaje que hizo el diputado ese año. El acuerdo de Junta Directiva número 1766 específica que Alberto Romero, entonces jefe de fracción de ARENA, estaría en Londres, Reino Unido, del 26 de noviembre al 3 de diciembre de ese año.
Él acudiría a esa nación para participar en el Curso de certificación profesional en asuntos parlamentarios, por lo que se le debía pagar el sueldo, comprarle el boleto de avión y entregarle viáticos.
Entre el 30 de enero y el 3 de febrero de 2020, Alberto Romero viajó a Bogotá, Colombia, pero según una publicación periodística, la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Asamblea Legislativa declaró inexistente los informes sobre dichos viajes.
Además, una investigación de El Faro reveló que, entre 2015 y 2016, el diputado Romero hizo hecho tres viajes (dos a Estados Unidos y uno a Perú) y estuvo ausente por 14 días. En boletos de avión gastó $4, 272.
El mismo medio publicó que, entre enero y octubre del 2011, el legislador duplicó su salario mensual a través del cobro de $42 mil en viáticos por su participación en misiones oficiales.
“Esta Asamblea Legislativa le dio a Beto Romero 94 viajes, desde Tailandia hasta Italia, y el pueblo salvadoreño le dará su viaje número 95, pero en esta ocasión será hacia los tribunales”, puntualizó Marcela Pineda.
