El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para poner fin a las acciones del Ministerio Público contra el Movimiento Semilla al entender que ponen en riesgo a la democracia y que suponen la orquestación de un golpe de Estado.
Además, este recurso también pide la destitución de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien ha realizado varios intentos por inhabilitar los resultados de las elecciones presidenciales o ilegalizar al Movimiento Semilla, y que ha negado en repetidas ocasiones estar liderando un golpe para evitar que Arévalo asuma el poder.
«Las distintas acciones que estamos llevando a cabo están establecidas en la ley y nosotros estamos recurriendo a la ley para defender los derechos que nos asisten a nosotros, pero sobre todo al pueblo de Guatemala», manifestó Arévalo, según ha publicado el diario guatemalteco ‘Prensa Libre’.
Además, el dirigente del Movimiento Semilla ha convocado a sus seguidores para protestar ante el tribunal por las últimas acciones de la Fiscalía, como el registro de las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) y de las del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a las que achaca la puesta en duda del proceso electoral del Guatemala.
«Tenemos claro que el país necesita salir de esta crisis política que está siendo causada por quienes están intentando conculcar los derechos de los guatemaltecos, lo antes posible necesitamos restablecer la tranquilidad, eliminar la incertidumbre, poder permitir que sigamos trabajando en el traspaso de información, que es el elemento central de la transición política», ha declarado Arévalo.
El lunes, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha criticado la «criminalización» del Movimiento Semilla y ha pedido a las partes trabajar en el proceso de transición, del que Arévalo se retiró hasta que las condiciones se normalizasen.
Desde que el Movimiento Semilla de Arévalo consiguiera unos resultados sorprendentes –en comparación con lo que auguraban los sondeos– en la primera vuelta electoral, celebrada el 25 de junio, el Ministerio Público guatemalteco ha tomado numerosas acciones para inhabilitar los resultados o ilegalizar la formación política, acciones que han recibido la condena de la comunidad internacional.
