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Cámara anula embargo de bienes de expresidente Saca El Salvador 

Cámara anula embargo de bienes de expresidente Saca

Por falta de sustento legal del Juzgado Séptimo de Instrucción al decretar embargo de bienes del expresidente Elías Antonio Saca, la Cámara Primero de lo Penal ordenó el martes 5, revocar esa decisión y ordena devolverle sus bienes.

La resolución implica que cuatro empresas y dos radioemisoras del expresidente y de su esposa Ana Ligia Mixco de Saca, ambos procesados por lavado de dinero y activos, regresen a su poder.

La decisión del Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador fue a raíz de la acusación de que Saca desvió fondos Institucionales Subsidiarios del Tesoro Público de la Presidencia por más de 246 millones de dólares durante su gestión entre 2004 y 2009.

No satisfecho con la sanción impuesta, los abogados defensores, Miguel Ángel Flores Durel y Lidia María Elena Fermán, apelaron la resolución del juzgador.

Los abogados fundamentaron su apelación en la violación de los derechos de la propiedad, libertad económica, libertad de empresa y seguridad jurídica de sus clientes.

Mientras el recurso estaba en estudio en la Cámara Primero de lo Penal las sociedades congeladas fueran administradas por la Fiscalía, como medida preventiva en el caso que también involucra a la exprimera dama.

Para los defensores, la resolución judicial permitió una injerencia intensa de las sociedades en el ámbito privado. Esto, sostuvieron, ocurrió “al obligarlas a tolerar un embargo y la administración judicial de sus bienes”.

Las empresas que fueron embargadas, aunque siguieron funcionando para no afectar a los empleados, son Grupo Samix, Promotora de Comunicaciones, Radio Difusión de El Salvador, Radio Difusión Usuluteca y las radios Estéreo 90.1 y ABC, que en total suman $11 millones, de acuerdo con la resolución.

Para resolver a favor de los acusados, los magistrados de la Cámara expusieron al menos 34 consideraciones legales que justifican su resolución.

Una de ellas es que la Fiscalía no identificó a una víctima que haya sido directamente afectada por la vía civil en el proceso que enfrentan los imputados.

La Cámara sostiene que para que tenga procedencia la acción de responsabilidad civil por el delito cometido, debe haber una víctima ofendida por el hecho criminal que se investiga.

Pero cuando los derechos afectados no son concretos, sino colectivos, no se pueden amparar en la figura del embargo, según la resolución.

“Es necesario recalcar que en virtud de la naturaleza privada que tiene el ejercicio de la acción civil derivada de los hechos punibles, esta solo puede ser ejercida por una persona que tenga la calidad de ofendida por el delito”, señala.

En ese sentido, los magistrados concluyeron que el delito de lavado de dinero y activos “no ampara bienes jurídicos como los descritos ni genera afectación concreta a personas víctimas u ofendidas.

De modo que el embargo preventivo de bienes de Saca y su familia “carece de un sustento normativo, ya que la restricción patrimonial fue con la finalidad de asegurar la posible condena en responsabilidad civil por el delito” que son procesados.

El exmandatario está siendo procesado por peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero, ya que se le acusa de desviar dinero del Estado a sus cuentas personales. También, la Fiscalía lo acusa de cohecho activo (soborno).

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