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Inicia audiencia contra red en el sistema judicial El Salvador 

Inicia audiencia contra red en el sistema judicial

El Juzgado Cuarto de Paz de Santa Ana instaló ayer la audiencia inicial contra tres abogados, un médico y empleados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), capturados el jueves pasado durante la segunda fase de la operación Transes, ejecutada por la Fiscalía General de la República (FGR).

La Fiscalía acusa a los detenidos de formar parte de una red de corrupción dentro del sistema judicial del país, que obtenía beneficios en los procesos que se ventilaban en juzgados de la zona occidental.

Dicha red, según el ministerio público, era encabezada por el abogado en libre ejercicio Silas Peraza Calderón, capturado en el municipio de Metapán, donde también fue allanada una de sus oficinas.

Junto a él también fueron capturados los abogados Joaquín Molina Castro y José Ramírez Peña, ambos hijos de jueces del occidente del país, que eran colaboradores de Peraza Calderón, según las investigaciones.

Además, dentro de la operación también se capturó al médico Évert Edgardo Sanabria Escobar, quien habría emitido constancias médicas falsas para favorecer a personas procesadas.

Ricardo Antonio Meléndez, colaborador jurídico del Juzgado de Instrucción de Metapán, también fue detenido por estos casos y su computadora de trabajo en el tribunal fue incautada por la Fiscalía para efectos de investigación. La otra empleada judicial detenida es la secretaria del Juzgado Segundo de Sentencia de Santa Ana, quien es acusada del delito de prevaricato.

Como parte de la misma operación, la Fiscalía ha solicitado a la Corte Suprema de Justicia el desafuero de los jueces Joaquín Francisco Molina Linares, de Primera Instancia de Atiquizaya; René Danilo Ramírez Montoya, del Primero de Paz de Metapán; y Miguel Ángel Barrientos, del Primero de Paz de Santa Ana.

Los dos últimos son padres de los abogados particulares detenidos, quienes, según las investigaciones, afirmaban tener influencias en los tribunales, por su parentesco con los juzgadores, para lograr beneficios en procesos judiciales.

De acuerdo con la Fiscalía, el abogado Peraza Calderón y los otros dos abogados detenidos tenían una conexión directa con los empleados judiciales, quienes a cambio de una remuneración económica proporcionaban información.

Según la Policía Nacional Civil (PNC), de esta manera habría obtenido información en al menos 18 casos de diferentes personas procesadas, en los que lograron obtener información adelantada de los procesos.

Ayer, durante la audiencia inicial, el juez Cuarto de Paz de Santa Ana no permitió el ingreso de los medios de comunicación, alegando que la FGR había solicitado la reserva total del caso porque las investigaciones continuaban abiertas.

Al cierre de esta nota, cerca de las 6 de la tarde, la audiencia inicial se encontraba en la fase de alegatos de los abogados defensores de los imputados, que eran más de 10, y hacía falta la réplica de la fiscalía.

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