Vie. Mar 29th, 2024
By: France24

El presidente costarricense, Carlos Alvarado, fue interrogado en una audiencia en la Asamblea Legislativa por su presunta responsabilidad en la emisión de un decreto que incurría en la violación de datos personales. El mandatario negó que el decreto, posteriormente derogado, haya sido para espiar a los ciudadanos.

En la audiencia del miércoles en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, el presidente Carlos Alvarado fue llamado a declaración por la comisión legislativa que investiga a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), creada mediante un decreto publicado el 17 de febrero de 2020 y que fue derogado por el mandatario cuatro días después, en medio de una lluvia de críticas.

La tensión se centraba en el artículo 7 que decía: «Las instituciones de la Administración Pública Central y Descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos» incluida «la información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas».

“Nos debe guiar el interés superior por Costa Rica para esclarecer de extremo a extremo todas las dudas sobre la Unidad de Análisis de Datos. No la mala fe, no las teorías conspirativas o cualquier interés distinto al bienestar común”, escribió Alvarado en su cuenta de Twitter después de su intervención en la audiencia.

Al final del día, el presidente costarricense volvió a escribir: “Finalizo esta jornada con la paz y tranquilidad de que hoy le rendí cuentas a las y los costarricenses y que lo dicho es la verdad: nadie espió a nadie, nadie se robó plata, nadie vendió información. Todo el trabajo que se hizo fue por el bienestar de las y los costarricenses”.

Según el mandatario, el objetivo de la UPAD era el de crear políticas públicas basadas en la ciencia a partir del análisis de datos. Durante la audiencia, Alvarado defendió la legalidad de la unidad y reconoció que el decreto fue derogado por la «confusión» que generaba la redacción del artículo 7.

Varios congresistas de la oposición costarricense afirmaron que la UPAD pretendía acceder a datos personales de la población.

El caso también está siendo investigado por la Fiscalía qu en febrero de 2020 allanó la casa presidencial y decomisó dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles del presidente.

Aunque Alvarado insistió en que la Constitución Política de Costa Rica no permite la interpelación del jefe de Estado por parte del Congreso, las comisiones legislativas sí pueden convocarlo para que se refiera a algún tema en específico y tienen la potestad de interrogarle al respecto.

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