Internacional 

Ejecuciones a sangre fría en Masaya

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) declaró este lunes 4 de junio que al menos dos de las cinco víctimas del pasado sábado en Masaya “fueron ejecutados a sangre fría”. La declaración fue brindada por Álvaro Leiva Sánchez, secretario de dicha asociación.

Las declaraciones de la ANPDH fueron respaldadas por el párroco Edwin Román, según publicó ayer el periódico nicaragüense “La Prensa”. Ambas declaraciones hicieron hincapié en la intensidad de la represión del gobierno de Daniel Ortega desde la madrugada del domingo, lo que dejó un saldo de dos personas fallecidas más.

“Leiva Sánchez afirmó que en el caso de Junior Gaitán, de 15 años, según los relatos que ha escuchado, de rodillas suplicó por su vida, pero la respuesta del policía fueron dos disparos”, señaló La Prensa.

“Este niño se arrodilló ante el oficial y le dijo: ‘por favor no me disparen’, y le disparó en el pecho (…) es una ejecución”, continúa la publicación de dicho rotativo en referencia a las declaraciones de Leiva Sánchez.

El secretario de la ANPDH señaló también que las víctimas de las posibles ejecuciones a sangre fría han sido identificadas como Donald Ariel López Ruiz, Rigoberto Carballo García y Eduardo José López Mendoza, además de un joven más señalado solamente como “El Mono”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elevó este lunes a 127 el número de personas que han muerto en Nicaragua desde que el 18 de abril se iniciaran las protestas contra Ortega.

“Según nuestros datos, las protestas han causado 127 muertos y cerca de un millar de heridos”, dijo el secretario ejecutivo de la CIDH, el jurista brasileño Paulo Abrao, en una conferencia en la sede en Washington del centro de análisis Diálogo Interamericano.

Para entender la magnitud de esta tragedia, Abrao recordó que las sangrientas manifestaciones entre abril y julio de 2017 en Venezuela, un país seis veces más grande que Nicaragua, se saldaron con 112 fallecidos.

Abrao denunció que la respuesta de las autoridades nicaragüenses a las protestas ha sido “muy desproporcionada”, con el objetivo de crear un ambiente de “intimidación y terror”.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) acordó la semana pasada con la CIDH y el Gobierno de Nicaragua crear un grupo para investigar los hechos de violencia, formado por integrantes seleccionados por la comisión interamericana.

La vicepresidenta, Rosario Murillo, dijo este lunes que los nicaragüenses quieren paz, tranquilidad y trabajo frente al odio y la violencia desatada por la crisis sociopolítica, y señaló que desea que no se produzcan más pérdidas humanas.

El Gobierno de Ortega, que cuenta ya con 11 años en el poder, responsabiliza de la “violencia delincuencial” que azota al país desde abril pasado a “grupos políticos de oposición con agendas políticas específicas”, y niega la existencia de “fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Gobierno”, que son señaladas por los manifestantes como los autores de las muertes en las protestas.

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