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La CIDH pide desalojar fuerzas “parapoliciales” en Nicaragua

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó ayer de una “nueva etapa de represión” en Nicaragua con ataques a manifestantes desarmados y reiteró su llamado “urgente” al Gobierno de Daniel Ortega para que desmantele las fuerzas “parapoliciales”.

En una entrevista con Efe, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo haber detectado “nuevas prácticas represivas” durante la denominada “La madre de todas las marchas”, convocada el miércoles por el Movimiento Madres de Abril y en apoyo a las 83 mujeres que hasta entonces habían perdido a sus hijos durante las protestas.

“La Comisión ha recibido nuevas informaciones que nos indican que hay una nueva etapa de represión en el país”, avisó Abrão.

Entre tanto en Managua, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció ayer que un grupo de 6 nicaragüenses defensores de los derechos humanos fueron arrestados mientras realizaban labores humanitarias el pasado 30 de mayo en la ciudad de Rivas, en el sur de Nicaragua. “Fueron capturados por el Ejército y entregados a la Policía, ahora no sabemos dónde los tienen”, dijo la asesora legal de la CPDH, Carla Sequeira.

La CIDH visitó Nicaragua entre el 17 al 21 de mayo y, tras analizar la situación, presentó un informe preliminar en el que alertaba de posibles ejecuciones extrajudiciales con francotiradores en algunas zonas del país y “graves violaciones de derechos humanos” con, al menos, 76 muertos y 868 heridos en ese momento.

Pero la violencia se ha intensificado en los últimos días y solo en la “La madre de todas las marchas” hubo 18 muertos y más de 200 heridos, lo que eleva la cifra de víctimas mortales a más de un centenar.

“Hemos visto nuevas prácticas represivas, como el secuestro de estudiantes y manifestantes, ataques a autobuses que llevaban a las personas para salir de las universidades donde estaban atrincheradas, ataques a personas mayores y particularmente lo que pasó el día de las marchas de las madres”, explicó Abrão.

“Fue -continuó- un ataque a la población desarmada, a la población civil y sin respetar el Día de las Madres. Nos parece que claramente indica un aumento de la represión”, añadió.

El Gobierno nicaragüense, a través de su canciller, Denis Moncada, culpó el jueves de la violencia a la oposición y negó la existencia de “fuerzas de choque” o grupos paramilitares afines a Ortega.

Sin embargo, Abrão consideró que los actos de represión de los últimos días no han surgido “exclusivamente” de la Policía Nacional.

“Hemos identificado la presencia de esos grupos parapoliciales y de terceros armados. Ellos han cumplido un rol represivo que está bastante presente y hemos realizado un llamado urgente al Estado para que desmantele esos grupos parapoliciales y garantice el derecho de las protestas pacíficas en el país”, explicó.

En su visita a Nicaragua, la CIDH recibió “centenares” de testimonios que hablaban de esas fuerzas paramilitares y, por eso, pidió a Ortega su desmantelamiento.

Por ahora, la Comisión no ha recibido “ninguna respuesta” del Ejecutivo, dijo Abrão, y consideró que existe cierta “ambigüedad” en sus actos, puesto que respondió positivamente a la solicitud de la Comisión para visitar el país y, pocos días después, inició “nuevas prácticas represivas”.

El Gobierno de Nicaragua accedió el pasado 30 de mayo a la petición de la CIDH y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear un grupo de expertos que investigue de manera autónoma e independiente los hechos violentos ocurridos desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas.

Ese grupo desarrollará un plan para las víctimas e identificará a los “responsables intelectuales y materiales” de la violencia, según indicó ayer Abrão.

La Comisión, además, ya ha concedido medidas cautelares a trece estudiantes que participaron en las protestas y al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez Ortega, que había recibido amenazas de muerte por su participación en el proceso de diálogo nacional, actualmente suspendido por la represión que no cesa.

El llamado de la CIDH al Gobierno nicaragüense para que proteja a Báez Ortega y su familia se produjo el jueves y, según adelantó Abrão, el organismo está considerando otorgar más medidas de protección a otros actores que participan como mediadores en el diálogo nacional.

“Son actores muy visibles y que canalizan la expresión de la insatisfacción social y, por eso, están sometidos a estas amenazas de los grupos que defienden el Gobierno”, afirmó Abrão.

Por su parte, la ONU instó ayer a Ortega a permitirle el acceso al país para recabar información sobre la violencia y las muertes registradas durante las protestas y poder verificar las denuncias sobre violaciones de derechos, desapariciones, torturas y detenciones arbitrarias.

“Reiteramos nuestra solicitud hecha el pasado 7 de mayo a las autoridades nicaragüenses para que nos garanticen acceso inmediato al país, para que podamos (…) recabar de primera mano información sobre lo que ocurrió durante las protestas y promover medidas para prevenir más violaciones de derechos humanos”, señaló la portavoz Liz Throssell. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU no tiene acceso a Nicaragua desde 2017.

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