El Salvador 

REDCO pide revertir la resolución hecha por la Sala de lo Constitucional

La Red por el Derecho a la Comunicación (REDCO) se pronunció ante la resolución de la Sala de lo Constitucional sobre  la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) pidiendo la reversión de la misma porque violenta el derecho de acceso a la información.

El martes 7 de noviembre los miembros representantes de la red promotora del derecho a la información brindaron declaraciones, por medio de una conferencia de prensa, dejando en claro su postura en rechazo a la resolución de la Sala calificándola como abusiva, arbitraria e ilegal.

Dicha resolución fue hecha por los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco la cual establece criterios para denegar solicitudes de información adicionales a los planteados en la LAIP.

Esta permite a cualquier institución o funcionario a negarse a brindar información aduciendo que dicha información es “superflua”, que generaría altos costos al Estado o que se refiere a hechos que sucedieron en periodos de gestión anteriores.

La reversión solicitada se puede llevar a cabo pues no es una sentencia sino una resolución y dado que los magistrados tienen en el “Recurso de Aclaración” presentado ayer por el Observatorio de Gobierno Abierto (OGA), la posibilidad de retractarse y corregir su error, se les solicita la realización de dicha acción.

Dejaron en claro que de no retractarse los magistrados, las organizaciones sociales, académicas, gremio periodístico y de medios comunitarios que integran ReDCo, exigirán a todas las instituciones y funcionarios que desobedezcan dicha resolución y sea entregada toda la información solicitada por la ciudadanía sin más límites que los establecidos por la LAIP.

Esta actitud es considerada por ReDCo como un grave atentado contra el derecho ciudadano de acceso a la información pública y un revés para el proceso de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción, el cual ha sido generado con la implementación de la LAIP, lo cual ha brindado un significativo avance al país a pesar de sus fallas e imperfecciones.

Además solicitan que la Fiscalía y la Asamblea Legislativa investiguen las razones que motivan a estos magistrados a realizar este tipo de resoluciones, judicializar los posibles delitos cometidos y proceder a su destitución por atentar contra los derechos humanos, la institucionalidad, el estado de derecho y la democracia.

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