El Departamento de Sheriff del condado de San Bernardino no aplica leyes federales de inmigración, ni participa en operativos migratorios, tampoco pregunta sobre el estatus migratorio de los reclusos, ni utiliza como intérpretes a agentes de inmigración; sin embargo, sí permite que agentes migratorios lleven a cabo investigaciones, siempre y cuando no violen la ley federal, estatal o local.

Asimismo, el Departamento del Sheriff bajo el mandato de John McMahon no tiene un espacio dedicado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); sin embargo, el número de personas retenidas por ICE en el centro de detenciones West Valley, en Rancho Cucamonga, fue de 353 en 2017.

Eso se debe a que ICE realiza sus investigaciones usando el sistema de huellas dactilares que se utiliza durante el proceso de arresto.

Así lo afirmó ayer el sheriff McMahon durante el foro público realizado durante la reunión regular de la Junta de Supervisores de San Bernardino. El foro tuvo como objetivo develar la relación que el Departamento del Sheriff tiene y tuvo con las autoridades migratorias en el año pasado y presente.

A su vez, el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, realizó un foro similar en su respetiva localidad.

Estos foros fueron realizados para acatar una exigencia de la Unión Americana de Libertadas Civiles (ACLU), y otras organizaciones que velan por el bienestar de la comunidad inmigrante.

La Ley de la Verdad (TRUTH Act), aprobada en 2014, prohíbe a las autoridades policíacas aceptar las órdenes de detención de inmigración de personas indocumentadas si no están bajo custodia por un delito grave.

Una modificación aprobada en enero de 2017 obliga a las cárceles y centros de detención juvenil a entregar un consentimiento por escrito a los reclusos informándoles de sus derechos antes de un interrogatorio con el personal de ICE, y notificar a los reclusos cuando se entregue sus fechas de libertad a ICE, comentó McMahon.

La Ley de Valores de California, mejor conocida como SB 54, aprobada en octubre de 2017, prohíbe a las agencias estatales y locales utilizar fondos, instalaciones, propiedades, equipos o el personal de la agencia o departamento para investigar, interrogar, detener, detectar, o arrestar a personas con fines de aplicar leyes de inmigración, añadió.

El Departamento del Sheriff puede transferir a un recluso a ICE solo cuando es autorizado por una orden judicial o determinación de causa probable judicial firmada por un juez federal o magistrado; puede proporcionar información no publica a ICE cuando el recluso tiene una condena por un delito grave, un delito que se castiga con pena de prisión estatal o el delito grave se produjo en los últimos 15 años.

Con información de La Opinión

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *