Estados Unidos 

Sin reformas, cortes de Inmigración serán “fábricas” de deportaciones

El sistema de tribunales de Inmigración arrastra desde hace años intentos de reforma, pero el anuncio de cuotas para evaluar a los jueces sólo creará “fábricas” de deportaciones, e impedirá una reforma real a corto plazo, advirtieron este viernes algunos expertos.

Aunque ha habido cambios paulatinos en el sistema –con resultados mixtos-, la Administración Trump ha tomado medidas agresivas que perjudicarán a los inmigrantes y dificultarán cualquier esfuerzo de reforma a corto plazo, según analistas.

El pasado 30 de marzo, el fiscal general, Jeff Sessions, anunció cuotas, a partir del próximo 1 de octubre, para evaluar el rendimiento, productividad y eficacia de los 334 jueces en el sistema.

Los jueces tendrán que agilizar las deportaciones y cerrar al menos 700 casos al año, o un promedio de tres por día, para recibir una calificación “satisfactoria”.  En casos de inmigrantes detenidos, los jueces tendrán tres días para cerrarlos, o un plazo de diez días si los inmigrantes están libres.

El anuncio ha reactivado el debate sobre una reforma del sistema de tribunales, que será objeto de una audiencia la próxima semana en un subcomité del Senado.

En entrevista telefónica hoy con este diario, la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ, en inglés), Ashley Tabbador, dijo que explicará la urgencia de una reforma.

“Me gusta ser optimista, y espero que nuestro Congreso entenderá las medidas carentes de lógica y las exigencias irrazonables que se le han  hecho a los jueces y el manejo de los tribunales, y apoye un sistema de cortes de inmigración independiente, libre de politización”, afirmó Tabbador, una abogada de Inmigración en Los Ángeles (California).

“Ningún otro sistema de cortes funciona con cuotas ligadas al sustento de los jueces… varias administraciones han intentado hasta cierto grado usar los tribunales como una extensión del Ejecutivo”, observó.

En el caso de la Administración Obama, las cortes dieron prioridad a los casos de niños no acompañados, para mandar un mensaje disuasorio contra la emigración ilegal desde Centroamérica.

“Con esta administración, estamos viendo el uso de las cortes como una extensión de las políticas policiales, pero con esteroides. El plan de cuotas de productividad y plazos nos va a empujar al precipicio… enfrentamos el desafío de corregir demoras que nosotros no creamos”, se quejó  Tabbador.

Tabbador dejó en claro que habla como líder del gremio de jueces, que lleva años pidiendo que los tribunales se separen del Departamento de Justicia para tener verdadera independencia, algo que tiene el apoyo de la Asociación de Abogados de EEUU (ABA), La Asociación de Mujeres Juezas, y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA).

Según Tabbador, las cuotas agravarán la ya difícil situación de los jueces –40% de los cuales son elegibles para la jubilación- e incrementarán la montaña de casos pendientes por la multiplicación de apelaciones.

En la actualidad, un caso toma un promedio de poco más de dos años de principio a fin y, según un análisis de la Universidad de Syracuse, el sistema está atascado con más de 684,000 casos.

El sistema también está aquejado de una insuficiencia de jueces y personal de apoyo administrativo, escasez de intérpretes e instalaciones, tecnología anticuada, y un fiscal general que promueve las deportaciones y desalienta el cierre administrativo de casos.

Un  informe de 2017 de la Oficina de Supervisión del Congreso (GAO) urgió entre sus 11 recomendaciones agilizar la contratación de jueces, que en 2016 tomó un promedio de 742 días.

“La idea las cuotas es un pretexto… es una manera de convertir a estas cortes en fábricas que producen órdenes de deportaciones” para agentes de ICE listos para esposar a inmigrantes, dijo David Leopold, un abogado de Inmigración en Ohio, durante una conferencia telefónica organizada por “America´s Voice”.

Tom Jawetz, vicepresidente de política migratoria del “Centro para el Progreso Estadounidense” (CAP) dijo a este diario que las cuotas de Sessions restarán credibilidad a las cortes y maximizarán las deportaciones de inmigrantes sin representación legal, sin siquiera simular el respeto al debido proceso.

Sin embargo, consideró que “el exponer la vulnerabilidad del sistema de tribunales a la indebida influencia de (Sessions) debería fortalecer el argumento para que el Congreso establezca un sistema verdaderamente independiente”.

Los 58 tribunales de inmigración están bajo el paraguas de la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (EOIR, en inglés) del Departamento de Justicia (USDOJ), una agencia netamente policial y, por lo tanto, afecta su independencia jurídica.

“La mayoría de los nuevos jueces son ex abogados de ICE, y el resto son empleados gubernamentales; hay pocos del sector privado o del mundo académico. Esto subraya la falta de independencia, especialmente cuando Sessions ha mostrado su inclinación a favor del DHS”, dijo Jeremy McKinney, abogado de inmigración y secretario nacional de AILA.

“Es importante que los grupos cívicos eduquen a los legisladores sobre lo que está ocurriendo en estos tribunales. No tengo optimismo de que haya cambios a corto plazo”, afirmó.

A esos tribunales llegan decenas de miles de casos de drama y tragedia, de personas con órdenes de deportación o solicitudes de asilo y refugio. Con demasiada frecuencia, el sistema les niega o demora justicia, como fue el caso de una cliente de McKinney, una nigeriana que fue deportada pese a tener un esposo y cuatro hijos ciudadanos y un caso de asilo legítimo.

Uno de los problemas es de carácter estructural: tanto los jueces, designados por el fiscal general, como los abogados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), representan al gobierno en los litigios, y no hay garantías de que los jueces actuarán libres de interferencia política.

Un vistazo tras la cortina muestra la debilidad del sistema: Sessions ha recurrido a su autoridad para intervenir directamente en casos ante el Buró de Apelaciones de Inmigración (BIA), incluyendo recientemente el caso de una víctima de abuso que pidió asilo.

Sessions ha intervenido en cuatro casos en los últimos tres meses, cuando normalmente, desde la Administración Clinton, el fiscal general de turno se adjudicaba, en promedio, sólo uno cada dos años, señaló McKinney.

La imposición de cuotas a los jueces es apenas una de al menos seis medidas que, con el lema de “poner a EEUU de primero”, ha tomado la Administración Trump en las últimas dos semanas contra los inmigrantes indocumentados.

En paralelo a las continuas redadas de ICE, Sessions ordenó el enjuiciamiento de personas detenidas en la frontera bajo cargos de delitos menores, y anunció la suspensión de un programa de asistencia legal para inmigrantes detenidos y en vías de deportación.

La Administración ordenó la detención de los inmigrantes mientras aguardan la resolución de sus casos, e inició el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur, pese a que no hay una aparente crisis en la zona.

Fuentes de la Administración han dicho desde el anonimato que el presidente Donald Trump prometió hacer cumplir las leyes de inmigración, y que, si bien los inmigrantes tienen derecho al debido proceso, el DHS tiene la obligación de expulsarlos si tienen órdenes de deportación.

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