Foto: AP/Gregory Bull

Estados Unidos ha comenzado los trabajos para poner fin a un problema que viene aquejando desde hace más de 40 años, causado por los millones de litros de aguas residuales procedentes de Tijuana, México, que fluyen hacia Estados Unidos y contaminan las playas del condado San Diego, así lo anunció el día de ayer el principal funcionario ambiental del gobierno del presidente Donald Trump.

El lugar que más ha sufrido con esta problemática es el mar frente a Imperial Beach, una ciudad de unos 30.000 habitantes al sur de San Diego, pues la contaminación ha puesto en riesgo la salud de surfistas, agentes de la Patrulla Fronteriza e incluso de miembros del grupo militar de élite de los Navy SEAL que entrenan cerca de la zona, dijeron funcionarios.

Según dijo en una conferencia en San Diego, el administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Andrew Wheeler: La semana pasada se concluyó un proyecto de 10,6 millones de dólares para impedir que 17 millones de litros (4,5 millones de galones) de aguas residuales ingresen por día al río Tijuana, que fluye hacia el Océano Pacífico frente a Imperial Beach.

Asimismo, un segundo proyecto de seis millones de dólares será destinado a mejoras para el sistema de bombeo y recolección en Tijuana con el fin de impedir que los derrames ingresen a Estados Unidos, de la misma manera México ha estado haciendo obras relacionadas con el sistema, por lo que los flujos contaminantes han disminuido, señaló Wheeler.

Por otro lado, la agencia está financiando proyectos en los próximos meses para reemplazar 1,6 kilómetros (una milla) de tuberías viejas que tienen fugas para evitar el desbordamiento de aguas residuales.

Además, otros dos proyectos a corto plazo financiados con una subvención federal de $ 25 millones ayudarán a entregar 10 millones de galones (37.8 millones de litros) de aguas residuales de Tijuana a la planta de tratamiento internacional, y para la captura de basura y sedimentos con un nuevo sistema en la frontera.

Imperial Beach y otros gobiernos locales demandaran a la EPA en 2018 para exigir su intervención para ayudar a solucionar el problema, razón por la que dichas acciones fueron emprendidas.

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