Por Fredy Ortiz
El 23 de diciembre de 2020, el presidente Donald J. Trump promulgó la Ley Antimonopolio que prohíbe a los empleadores tomar represalias contra determinadas personas que denuncian infracciones penales antimonopolio.
La ley fue patrocinada por el senador Chuck Grassley, fue aprobada por el Senado el 17 de octubre de 2019 y aprobada por la Cámara de Representantes el 8 de diciembre de 2020.
El Secretario de Justicia Auxiliar de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia, Makan Delrahim dijo: “Agradecemos al presidente, al Senado y a la Cámara de Representantes por su compromiso bipartidista con la aplicación de las leyes antimonopolio. Al incentivar la divulgación de conductas anticompetitivas, la Ley fortalecerá el programa de ejecución penal de la División Antimonopolio, una piedra angular de nuestra misión de proteger al consumidor estadounidense”.
Según lo estipulado por la ley complementa una serie de iniciativas recientes diseñadas para apoyar la detección, investigación y enjuiciamiento de violaciones penales antimonopolio. El mes pasado, la División Antimonopolio celebró el primer aniversario de la Fuerza de Ataque de Colusión de Adquisiciones con la incorporación de 11 nuevos socios nacionales.
La Fuerza de Ataque de Colusión de Adquisiciones es una respuesta nacional coordinada para combatir los esquemas antimonopolio y relacionados en adquisiciones gubernamentales, subvenciones y financiamiento de programas en todos los niveles de gobierno.
En julio de 2019, la división anunció las leyes antimonopolio y en octubre de 2020, la división aplaudió la autorización del presidente Trump, de la Ley de Extensión Permanente de Reforma y Mejora de las Penas Penales Antimonopolio, que había sido apoyada por el departamento.
Desde el año fiscal 2010 hasta 2019, los enjuiciamientos penales de la División Antimonopolio han resultado en más de $ 9 mil millones en multas y sanciones penales, junto con sentencias de cárcel para más de 250 personas. Solo desde el otoño de 2019, los tribunales han impuesto cuatro multas y sanciones penales iguales o superiores al máximo legal de 100 millones de dólares de la Ley Sherman, y la división ha procesado las infracciones antimonopolio que afectan a los medicamentos genéricos, los pacientes con cáncer, los productos básicos de las tiendas de comestibles y los mercados financieros.
