La Asamblea Legislativa el pasado 12 de diciembre de 2018 emitió un decreto transitorio para el traslado de unas 3,000 personas hacia los centros penales de personas privadas de libertad que están detenidas provisionalmente.

Este decreto se emitió para disminuir el hacinamiento en dichos centros de detención, pero la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha venido señalando una crisis del sistema carcelario, destacando que por el hacinamiento de las personas privadas de libertad hace que exista por ejemplo un aumento en los casos de personas enfermas de tuberculosis, entre otra variedad de enfermedades.

Ante esto el 26 de julio de 2018, se remitió desde FESPAD a la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, con una misiva sugiriendo su intervención ante el Presidente de la República para atender esto de manera urgente se, considerando como positiva la medida de poner fin al uso de las bartolinas policiales como centros de detención provisional, en tanto que éstas no cumplen con los requisitos mínimos necesarios para cumplir esa función.

“Sin embargo, es posible que se descongestionarán un poco las bartolinas de la Policía con el traslado de las personas privadas de libertad hacia los diferentes centros penales, pero no debe perderse de vista que también el sistema penitenciario tiene una considerable sobrepoblación reclusa de más del 200%;4 por lo que con la medida adoptada no mejorarán considerablemente esas condiciones, sino que las podría agravar” expresaron en FESPAD; pero los diputados que aprobaron este decreto tienen el apoyo de la FESPAD.

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