Las políticas fiscales se han situado como una herramienta clave para limitar y mitigar los impactos de la crisis provocada por la COVID-19 en todo el mundo y en todas las dimensiones del desarrollo.

En Centroamérica, la mayoría de los Gobiernos están discutiendo o han puesto en marcha acciones de corto plazo tales como moratorias en el pago de impuestos, servicios y créditos; líneas de crédito para apoyar a las MIPYMES y grandes empresas, aumento en los recursos destinados al subsistema público de salud, e impulsando programas de asistencia social, como el ingreso básico garantizado temporal, los seguros de desempleo y los programas de dotación de alimentos a gran escala.

En materia fiscal, se han suspendido reglas fiscales, se ha aumentado el presupuesto público en 11 mil millones de dólares a nivel regional, y se negocia con organismos multilaterales el acceso a financiación externa que compense la caída de la recaudación.

“Las medidas tomadas por los Gobiernos han sido enfocadas a paliar el impacto económico y social de la pandemia. Se ha buscado flexibilizar el pago de impuestos en 7 de 8 países de la región SICA. Es fundamental proteger a la población más vulnerable y al tejido empresarial, que serán clave en la recuperación post pandemia”, detalló Alfredo Suárez Mieses, Secretario General de la Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA).

Ante esta situación “Es de esperar una agudización de las desigualdades, tanto a nivel de individuos, familias, empresas y a nivel de países. La cantidad de recursos que cada país tiene va a influenciar de manera contundente la forma en la que se puedan tomar las medidas de respuesta a la crisis”, expresó Alberto Menghini, Jefe de equipo de cooperación regional, Delegación de la Unión Europea en Nicaragua.

No obstante, el alcance de esta crisis no parece circunscribirse al corto plazo. Tanto Europa como América Latina, ya enfrentaban importantes presiones fiscales para sostener y desarrollar sus Estados de bienestar. La crisis de la COVID-19 ha evidenciado y profundizado estas problemáticas.

En este sentido, como señala la OCDE (2020), la crisis es una oportunidad para abordar algunos de los retos pendientes en materia de políticas redistributivas, que permitan fortalecer los sistemas de protección social, ampliar la cobertura de la salud pública, reforzar y ampliar los sistemas de recaudación tributaria, y, en definitiva, poner en marcha estrategias de desarrollo inclusivo.

Según el BID, el costo de la crisis será en promedio de un 4% del PIB incluyendo los gastos como los créditos a empresas, agregó Rosa Cañete Alonso, Economista-especialista en desigualdad. “El 50% de la población de América Latina tiene ingresos bastantes bajos, en un mes de confinamiento no tendrá ingresos para alimentarse”, detalló.

Por último, no se puede esperar que los sectores públicos de los países en desarrollo carguen con el peso de estas repuestas fiscales. Las limitadas capacidades de generación de recursos, así como las crecientes presiones macroeconómicas, obligan a repensar el rol de la cooperación internacional y buena parte de su instrumental y criterios de apoyo a estos países.

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