La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a las empresas Radiomóvil DIPSA y AT&T entregar al Instituto Nacional Electoral (INE) el nombre y el domicilio de los titulares de las líneas telefónicas desde las cuales se hicieron cientos de miles de llamadas contra el aún candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo por unanimidad, con la excusa de participar en el caso del magistrado José Luis Vargas Valdés, por ser cuñado del apoderado legal de una de las firmas involucradas, los magistrados revocaron las multas que habían sido impuestas por 250 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), poco más de 20 mil pesos.
Según argumentó el magistrado ponente, Indalfer Infante Gonzáles, “es claro que sólo se requirió nombre y domicilio de los titulares de líneas telefónicas”.
En ningún momento, expuso, se les solicitó “el contenido o datos de tráfico de ningún proceso comunicativo” como argumentaron las empresas al negarse a responder el requerimiento del INE por considerar que se les pedía intervención de llamadas.

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