Organizaciones de la sociedad civil piden continuidad de políticas a favor de niñez, adolescencia y mujeres

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En el marco del Día Nacional e Internacional de la Mujer, la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, junto a la Mesa de Coordinación Interinstitucional de seguimiento al ODS5 con el apoyo de Plan International El Salvador efectuaron un llamado a las autoridades a continuidad a políticas, programas y acciones que han beneficiado dicho sector.

Las representantes de instancias como ORMUSA, CEMUJER y Plan International El Salvador, destacaron que han existido avances en materia de igualdad de género liderados por sectores como el de la Asamblea Legislativa, organizaciones de mujeres, instancias de Derechos Humanos y de Niñez, quienes a través de sus acciones han logrado avances como la creación de la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia (LEPINA), Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia (LEIV), así como Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE).

Además, se destacó la reforma al Código de Familia para prohibir el matrimonio infantil, así como otros beneficios en temas de salud y educación, lo que representó para el 2017 una reducción de 5,711 embarazos en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, es decir una reducción del 22.82% comparado con 2015.

Ante esto, las organizaciones de la sociedad civil destacan que aún existen retos, ya que según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), en delitos sexuales como estupro, agresión sexual, violación en menor incapaz y agresión en menor incapaz; significaron 4,304 denuncias en 2018, donde el 92.33% fueron cometidos contra niñas y adolescentes.

En los últimos días, uno de los casos más sonados es el del magistrado de la Cámara Tercera de lo Civil, Eduardo Escalante Díaz, señalado de agresión sexual en menor incapaz agravada, quien fue desafuerado por una comisión especial de la Asamblea Legislativa para ser procesado como un civil más .

“Tenemos una valoración positiva del procedimiento de desafuero, como organización de la sociedad civil hicimos constantes pronunciamientos, para solicitar a la Asamblea Legislativa que se agilizara este proceso, inicialmente teníamos conocimiento que se podría tardar entre uno y 6 meses, pero se establecio la comisión de antejuicio rápidamente”, dijo Carmen Elena Alemán, Directora de País Plan International.

Alemán agregó, que esperan que el proceso del caso sea transparente para asegurar los resultados del mismo.

“Ahora lo que sigue es la fase de investigación que le corresponde a la Fiscalía General de la República y en eso solicitamos que se ejerza un proceso de investigación transparente, que puedan ser compartido, saber cómo va el proceso, para poder también como sociedad civil generar un mecanismo de contraloría”, agregó.

Dichas organizaciones civiles esperan que la continuidad, fortalecimiento y creación de políticas sean retomados por el Gobierno entrante, así como una diversidad de compromisos internacionales que favorecen tanto a la niñez, Juventud y adolescencia como a las mujeres.

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