De pixabay

La organización humanitaria Prisioner Defenders (PD) sostiene el despliegue a decenas de países de más de 40,000 profesionales cubanos de la salud, además de al menos 10,000 adicionales de otros campos, representa «una forma de esclavitud» y de trata de personas, no sólo porque el gobierno cubano retiene la mayor parte de sus salarios que le reditúan más de 7,000 millones de dólares al año, sino porque muchos de ellos salen bajo presión y se les retienen sus pasaportes.

Una queja de PD sustentada en 110 testimonios de médicos cubanos, dos órganos de Naciones Unidas, la Relatoría sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y la Oficina del Relator Especial sobre el Tráfico de Personas sostuvieron a finales del año pasado que las condiciones denunciadas por los médicos podrían elevarse a la categoría de trabajo forzado.

Las observaciones de las Relatorías de la ONU incluyó el hecho de que la legislación cubana castiga con 8 años de prisión a los doctores si deciden cambiar empleos o no regresar a Cuba, así como las maneras que se les evita ver a sus familias y cómo monitorean sus libertades de movimiento, privacidad y comunicaciones.

En 2018, la doctora cubana Ramona Matos Rodríguez y otros tres médicos acusaron en una corte federal de Miami a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de manejar un tráfico ilegal de médicos cubanos enviados a Brasil y de pagarles sólo el 10% del dinero cobrado por el gobierno brasileño y darle el 85% a Cuba, reteniendo el 5% para el organismo internacional.

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Matos Rodríguez, quien vive en Miami, Florida, expresó la desilusión del programa y decidió huir. Unos amigos la ayudaron para viajar en automóvil 3.000 km hasta un llegar a un aeropuerto, donde tomó un avión y llegó a Brasilia. Luego se dirigió a la embajada de EE. UU y recibió apoyo para dejar el país. Hasta el momento continúa su demanda en Miami.

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