El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha anunciado este martes el cierre «ordenado y seguro» de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica, después de que el Tribunal Supremo panameño declarara inconstitucional el polémico contrato del Estado a la empresa Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
«Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional la Ley 406 por parte de la Corte Suprema de Justicia, se procederá de inmediato a su publicación en Gaceta Oficial e iniciará el proceso de transición para el cierre ordenado y seguro de la mina», ha declarado.
Cortizo ha reiterado su «convicción de que la justicia es la columna vertebral de la democracia»: «Todos los panameños debemos respetar y acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, que son finales, definitivas y obligatorias», manifestó .
«Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre y sus consecuencias ambientales, laborales, sociales, económicas y legales, cada decisión que adoptemos como país tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa», dijo.
La decisión llega tras cinco días de sesiones judiciales y ha sido acogida por los manifestantes que desde hace semanas se reúnen frente a la sede del Supremo en la capital a la espera de conocer el veredicto.
La polémica en torno a la concesión minera había llevado incluso Cortizo a proponer la celebración de una consulta ciudadana para zanjar el tema, una iniciativa que no surtió efecto y que fue rechazada por el Tribunal Electoral, que consideraba que «no se daban las condiciones» necesarias para sacar adelante la consulta en cuestión.
Los manifestantes, que llevan más de un mes protestando contra la medida, aseguran que el contrato podría desembocar en daños ambientales y delitos de corrupción, además de comprometer el espacio aéreo, la tierra y otros bienes públicos panameños que «quedarían en manos de Estados extranjeros».
