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ElSalvador—Este viernes, el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador realizó la audiencia inicial contra 12 empresarios del transporte público, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de los delitos de peculado e incumplimiento de deberes. Según el expediente fiscal, los imputados habrían incumplido su obligación de prestar el servicio durante los días 5, 6 y 7 de mayo, cuando el Gobierno decretó gratuidad del transporte tras el cierre del tramo de Los Chorros en la carretera Panamericana.
Los acusados enfrentan el proceso judicial en libertad, bajo medidas sustitutivas a la detención. Se trata de: Genaro Ramírez, José Abel Reyna Quijada, José Roberto Cuéllar Parada, Napoleón Humberto Cárcamo López, Rutilio Guardado Ferrer, Nelson Saúl Villalta Platero, Nelson David Moreno, José Alexander Soto García, Ángel Monroy Cabrera, William Ricardo Flores Escobar, José Alejandro Arriaza Salguero y Julio Orestes Mirón Escobar.
La FGR sostiene que los empresarios, quienes cuentan con concesiones y permisos provisionales para operar rutas de transporte colectivo, se negaron a prestar el servicio, pese a que el Estado asumiría el 100% del ingreso diario durante la emergencia. El presidente Nayib Bukele calificó esta negativa como un “sabotaje al país”, y ordenó su captura inmediata. “Nadie está por encima de la ley”, publicó en su cuenta oficial el pasado 5 de mayo.
En respuesta, la defensa legal ha cuestionado la legitimidad del proceso. Alfredo Callejas, abogado del transportista Nelson David Moreno (rutas 77 y 79), solicitó el sobreseimiento definitivo para su cliente. “No existe un decreto legislativo que notificara la gratuidad del servicio. Además, las rutas sí operaron desde las 4:00 a.m. del 5 de mayo. El delito no se configura, y nuestro representado no participó de ninguna omisión”, aseguró.
Por su parte, Alfredo Reyes, también defensor de Moreno, coincidió en que «el delito de incumplimiento de deberes bajo ningún punto de vista jurídico se ha perfeccionado, porque el servicio fue prestado normalmente». La defensa argumenta además que la vía correcta para resolver esta controversia debió haber sido administrativa y no penal.
En otro caso, la Fiscalía solicitó sobreseimiento definitivo para José Modesto Menjívar Vásquez, empresario de la ruta 97, al confirmar que dicha ruta ya no estaba operando y carecía de concesión vigente al momento de los hechos. “Incluso las propias autoridades han reconocido que esta ruta no estaba funcionando”, declaró su abogado, Carlos Meléndez.
Asimismo, se confirmó que Roberto Jaco Carranza, gerente general de SEISABUS, quien también fue capturado en el mismo operativo, falleció mientras estaba detenido en un centro penal de Santa Ana. Por tanto, su proceso judicial quedó extinguido.
En la audiencia también se presentó la solicitud del abogado del representante de la ruta 38B, quien pidió que el proceso continúe sin medidas cautelares para su defendido. Alegó que “los supuestos denunciantes de no haber prestado servicio no existen y la ruta dio servicio con normalidad”. Añadió que dicha ruta nunca recibió el depósito estatal, pero aun así operó durante los días señalados.
Mientras tanto, el presidente de la Mesa Nacional de Transporte, Alex Sorto, ofreció declaraciones a la prensa a la salida del juzgado. “Confiamos en Dios y en el sistema judicial. Hasta el momento, la respuesta ha sido la esperada y creemos que todos saldremos absueltos de esta causa que consideramos injusta”.
La resolución judicial marcará un precedente sobre el papel del transporte privado en situaciones de crisis nacional y la relación entre concesionarios y el Estado.