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EEUU–El Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete de financiamiento de aproximadamente $70,000 millones destinado a fortalecer las operaciones migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
La iniciativa recibió la aprobación final en la Cámara de Representantes con una ajustada votación de 214 votos a favor y 212 en contra, luego de haber sido avalada previamente por el Senado. Con ello, el proyecto quedó listo para ser enviado al presidente para su promulgación.
La legislación contempla cerca de $38,000 millones para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), alrededor de $26,000 millones para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y aproximadamente $5,000 millones adicionales para gastos imprevistos relacionados con la ejecución de la política migratoria.
La votación estuvo marcada por un estrecho margen. Durante parte del proceso, el resultado permaneció empatado, pero finalmente el representante republicano por Michigan, Tim Walberg, respaldó la propuesta, inclinando la balanza a favor del paquete presupuestario.
Los republicanos impulsaron la medida tras no alcanzar acuerdos con los demócratas sobre cambios en la aplicación de las leyes migratorias. Según legisladores conservadores, los recursos permitirán ampliar la capacidad operativa de las agencias encargadas del control fronterizo y de las acciones migratorias dentro del país.
Tras la aprobación, el representante republicano Tom McClintock afirmó que el proyecto permitirá incrementar el financiamiento destinado a ICE y CBP. En contraste, legisladores demócratas criticaron la iniciativa al considerar que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades nacionales.
La aprobación del paquete representa una victoria legislativa para el presidente Trump en uno de los temas centrales de su administración. El financiamiento busca fortalecer las operaciones de vigilancia fronteriza, detención y deportación de migrantes durante el resto de su mandato.
Además, los nuevos fondos se suman a recursos previamente autorizados por el Congreso para la aplicación de la política migratoria, consolidando el enfoque de endurecimiento de los controles migratorios impulsado por la Casa Blanca.
El avance de esta legislación ocurre en medio de un debate nacional sobre inmigración y mientras sectores afines al gobierno exigen un aumento en el número de expulsiones de migrantes en situación irregular. Funcionarios de la administración han señalado que las operaciones migratorias continuarán ampliándose en distintas ciudades del país una vez entren en vigor los nuevos recursos.