Día a Día News
Guatemala–El Congreso de la República de Guatemala aprobó reformas a la Ley del Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI), con las que se elimina el pago de este tributo para propiedades destinadas a vivienda, residenciales y de uso mixto; mientras que los inmuebles comerciales continuarán sujetos al impuesto.
La modificación fue aprobada mediante el Decreto 18-2026 y será enviada al Organismo Ejecutivo para su sanción y posterior publicación en el diario oficial, paso necesario para su entrada en vigencia.
La nueva normativa establece que los inmuebles comerciales deberán pagar el impuesto de acuerdo con el valor registrado de la propiedad. Las tasas quedaron definidas de la siguiente manera:
Propiedades con valor de hasta Q500 mil: 3 por millar.
Inmuebles entre Q500 mil y Q1 millón: 6 por millar.
Bienes con valor superior a Q1 millón: 9 por millar.
Durante la discusión legislativa, los diputados que respaldaron la reforma argumentaron que el IUSI no toma en cuenta la capacidad económica real de los propietarios y que el cobro puede afectar a personas que poseen una vivienda como bien esencial.
La aprobación generó críticas de sectores municipales, que advirtieron sobre una posible reducción en los ingresos destinados a financiar servicios públicos y obras locales.
La Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) señaló que la reforma fue aprobada sin un consenso con los gobiernos locales y alertó que la disminución de recursos podría afectar a los 277 municipios que reciben ingresos provenientes del IUSI.
Según la organización, este impuesto permite financiar proyectos como mantenimiento de calles, drenajes, agua potable, limpieza y otras obras comunitarias.
El Ministerio de Finanzas Públicas también pidió que cualquier cambio tributario sea acompañado de análisis técnicos sobre su impacto fiscal, debido a que la reducción de ingresos puede limitar la capacidad del Estado y las municipalidades para atender necesidades públicas.
De acuerdo con datos oficiales, el IUSI generó más de Q1 mil 853 millones durante 2025 en Guatemala, convirtiéndose en una de las principales fuentes de ingresos propios para varias municipalidades.
Sectores empresariales y de construcción consideraron que la eliminación del impuesto para viviendas puede representar un alivio para los propietarios, aunque señalaron que debe existir un mecanismo que garantice la sostenibilidad financiera de las comunas.