El Congreso de Guatemala aprobó retirar la inmunidad de 4 magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), procesados por supuesta corrupción, en una causa paralela a las que lleva la Fiscalía contra el presidente electo Bernardo Arévalo, que han elevado la incertidumbre en el país.
En una “extraña” votación en la que el oficialismo tuvo su papel protagónico y en la que el legislativo cedió, por mayoría, a una de las tantas pretensiones “antidemocráticas y atentatorias” que impulsa el Ministerio Público.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y Arévalo están en la mira de la Fiscalía desde los comicios, y el presidente electo denuncia que se trata de un intento de impedir que asuma el poder el 14 de enero debido a su promesa de combatir la corrupción que aqueja al país.
Con 108 votos de Vamos y sus aliados, al filo de la medianoche, el “escudo” legal de los representantes del TSE fue tumbado para que puedan ser procesados judicialmente por presuntas irregularidades en la contratación de un sistema de computación utilizado en las elecciones de este año.
El Congreso le puso aún más drama al asunto porque en votación abierta tuvieron que pasar varios minutos para llegar al número necesario para el desafuero. Y lo hizo en la última sesión ordinaria del año.
A pocos minutos de la medianoche del 30 de noviembre, durante una la última sesión ordinaria del año, el Congreso de la República aprobó retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Los magistrados en cuestión son Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas y Mynor Franco.
Las acciones judiciales del Ministerio Público se enmarcan en la arremetida que este mantiene desde junio contra el proceso electoral y varios de sus actores, lo que ha sido calificado como un atentado directo a la democracia y el estado de derecho.
