La Defensoría del Consumidor activó este jueves en el mercado mayorista La Tiendona, un amplio operativo de inspección a nivel nacional para prevenir alza injustificada y especulación de precios de los productos de consumo alimenticio ante el bloqueo interno de carreteras en Guatemala.
La Defensoría del Consumidor, verifica en mercado nacional para evitar abusos en contra de los consumidores de productos básicos, como verduras, frutas y hortalizas, activándose un amplio operativo que incluye inspecciones y requerimientos de información a proveedores dedicados a la importación, distribución y comercialización de verduras, frutas y hortalizas.
Una menor producción de frutas y verduras y las demoras en el tránsito debido a las protestas en Guatemala pasan factura a los salvadoreños, que ya compran a precios más altos los alimentos, como los tomates o las papas, advirtieron comerciantes del mercado de La Tiendona.
Guatemala es el segundo socio comercial más importante de El Salvador, después de Estados Unidos, de donde procede gran parte de las frutas y verduras que más demanda la población, ya que el país no tiene suficiente producción para cubrir la demanda.
Ámbar Rico, jefa de la Unidad de Inspección de la Defensoría del Consumidor, afirmó que la Defensoría mantiene un monitoreo permanente de precios de los productos básicos para determinar o establecer prácticas abusivas como la utilización de cualquier maniobra o artificio para la consecución de alza injustificada de precios de artículos de primera necesidad, conforme el art. 18, literal h, de la Ley de Protección al Consumidor.
«Este día, iniciamos un operativo de inspecciones y requerimientos de información en proveedores que importan, comercializan y distribuyen frutas, verduras y hortalizas provenientes de Guatemala», dijo la jefa de la Unidad de Inspección.
El alza injustificada de precios constituye infracción muy grave, según el art. 44, literal e, de la Ley de Protección al Consumifor, que puede ser sancionada hasta con 500 salarios mínimos mensuales en la industria.
Desde marzo de 2022 a la fecha, la Defensoría ha realizado 146 denuncias ante el Tribunal Sancionador, por incrementos injustificados de precios o por obstaculizar las investigaciones de la Defensoría del Consumidor, resultando de momento la imposición de 56 multas a igual número de proveedores, las cuales totalizan $237,547.66 sanciones por infracciones a la Ley de Protección al Consumidor.
