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ElSalvador–La Comisión de Seguridad Nacional y Justicia de la Asamblea Legislativa emitió tres dictámenes favorables para reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal y la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con medidas que incluyen penas de hasta 15 años de prisión por accidentes vinculados con conducción peligrosa y la prohibición de extinguir la acción penal mediante conciliaciones en casos específicos.
Las propuestas buscan endurecer las sanciones para conductores y propietarios de vehículos de transporte colectivo y de carga, además de reforzar los controles sobre las condiciones mecánicas de las unidades. Las modificaciones también establecerían responsabilidades para quienes permitan que personas sin la licencia correspondiente conduzcan vehículos destinados al transporte de pasajeros o mercancías.
Uno de los principales cambios se aplicaría al procedimiento penal. La reforma impediría la conciliación, la mediación y la reparación integral del daño como mecanismos para extinguir la acción penal cuando se cometan lesiones u homicidios culposos derivados de la conducción peligrosa. La restricción también alcanzaría a quienes faciliten vehículos de transporte colectivo o de carga a conductores que no estén habilitados.
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, defendió la medida y cuestionó los acuerdos económicos que, según afirmó, se realizaban después de accidentes de tránsito con víctimas mortales.
«Se decía que $1,500 costaba un muerto por accidente de tránsito», expresó al referirse a las negociaciones entre representantes de aseguradoras y las partes afectadas.
Delgado aclaró que impedir la conciliación no eliminaría el derecho de las víctimas o sus familiares a recibir una compensación económica. Explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá investigar los daños ocasionados, incluidos los perjuicios económicos, los ingresos que dejó de percibir la víctima y las afectaciones a sus dependientes.
«La Fiscalía así como tiene que investigar la conducta criminal, tiene que investigar cuál fue el daño emergente. Es decir cuál fue el lucro cesante, cuánto era la expectativa de esta persona, cuáles eran sus ingresos, quiénes dependían económicamente de él, el daño moral», detalló.
En cuanto a las sanciones, la propuesta de reforma al Código Penal ampliaría las conductas consideradas conducción peligrosa. Entre ellas se incluirían manejar con cualquier concentración de alcohol en la sangre o el aire espirado, conducir bajo los efectos de sustancias que reduzcan las facultades necesarias para hacerlo de forma segura, participar en competencias ilegales de velocidad y manejar vehículos de transporte colectivo o de carga sin la licencia correspondiente.
Actualmente, la conducción peligrosa se sanciona con dos a cinco años de prisión, mientras que la pena aumenta de cinco a 10 años cuando involucra vehículos de transporte colectivo de pasajeros o de carga. Con las modificaciones propuestas, los casos en que estas conductas provoquen lesiones culposas u homicidio culposo podrían castigarse con hasta 10 años de cárcel, y hasta 15 años cuando estén involucradas unidades de transporte colectivo o de carga, conforme a los supuestos contemplados en la iniciativa.
Las reformas también crearían el delito de facilitar un vehículo de motor destinado al transporte colectivo de pasajeros o de carga a una persona que no cuente con la autorización requerida. Para esta conducta se plantean penas de cinco a 10 años de prisión cuando se trate de vehículos de transporte colectivo o de carga con capacidad de ocho toneladas o más.
Si como consecuencia se produce un accidente que ocasione lesiones o la muerte de una persona, la pena aumentaría en una tercera parte de su máximo establecido. Tanto quien facilite el vehículo como quien lo conduzca podrían responder por los daños ocasionados, sin posibilidad de recurrir a la conciliación o mediación para extinguir la acción penal por ese delito.
El ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, sostuvo que las modificaciones pretenden evitar que los acuerdos entre particulares impidan la aplicación de la justicia cuando las consecuencias de un accidente afectan a otras personas.
«Esto se veía anulado porque una conciliación entre partes afectaba a una colectividad», manifestó.
La tercera reforma se enfoca en fortalecer los controles vehiculares y prevenir siniestros relacionados con fallas mecánicas o incumplimientos de las normas de seguridad. Entre las nuevas causas para retirar vehículos de circulación figuran los neumáticos desgastados y las luces defectuosas que comprometan la seguridad en unidades de transporte colectivo y vehículos de carga de ocho toneladas o más.
También se incorporarían como motivos de retiro las modificaciones no autorizadas en vehículos de carga, el transporte de materiales peligrosos sin los permisos o medidas de seguridad correspondientes, el uso de placas ajenas o falsificadas, la obstrucción intencional de la vía pública y la prestación de servicios de transporte público de pasajeros sin autorización.
La propuesta permitiría al Viceministerio de Transporte (VMT) habilitar y administrar instalaciones propias para realizar revisiones técnicas vehiculares, un servicio por el que los usuarios tendrían que pagar. Además, sus inspectores y gestores de tránsito podrían ordenar la retención administrativa de vehículos y documentos, así como trasladar las unidades a los predios correspondientes cuando las irregularidades no puedan corregirse en el lugar. Si los hechos constituyen un posible delito, intervendría la Policía Nacional Civil (PNC).
El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, respaldó las iniciativas y señaló que buscan fortalecer la prevención y responder a las consecuencias de los accidentes viales.
«Solo en este año llevamos 67 personas fallecidas por accidentes que involucran el transporte de carga», informó.
Reyes agregó que las modificaciones permitirían «hacerle justicia a todas las personas que han sufrido por causa de los accidentes de tránsito», al combinar sanciones penales más estrictas con mayores controles sobre los vehículos.
Los tres dictámenes recibieron el aval de la comisión legislativa el martes 20 de octubre. Las propuestas deberán completar el procedimiento legislativo correspondiente para que sus disposiciones entren en vigor.