El Departamento de Control de Sustancias Tóxicas (DTSC) obtuvo una sentencia judicial contra Alco Iron & Metal Co. tras las reiteradas infracciones a la Ley de Control de Residuos Peligrosos documentadas durante las inspecciones realizadas en sus tres instalaciones entre 2018 y 2020. La investigación en la planta de Stockton fue resultado de una Iniciativa de Justicia Ambiental de CalEPA de 2019, que derivó en investigaciones adicionales en las instalaciones de San Leandro y Vallejo. Las infracciones incluyeron el almacenamiento, tratamiento y eliminación inadecuados de residuos peligrosos; la falta de gestión de aceite usado y residuos universales; y controles insuficientes para prevenir incendios y la liberación de polvo y escombros contaminados.
Según la sentencia, Alco deberá pagar 1,47 millones de dólares, incluidos 735.000 dólares en sanciones civiles y 735.000 dólares destinados a Proyectos Ambientales Suplementarios (SEP, por sus siglas en inglés) que beneficien a las comunidades desproporcionadamente afectadas por la contaminación.
Las leyes de California sobre residuos peligrosos existen para proteger a la comunidad y al medio ambiente. Este acuerdo obliga a Alco a corregir sus infracciones e invertir en programas ambientales que apoyen a los vecindarios afectados .Directora del DTSC, Katherine Butler
El acuerdo exige a Alco que, de forma permanente:
• Cumplir con todos los requisitos de residuos peligrosos
• Prevenir la liberación de polvo, tierra y residuos peligrosos.
• Clasificar y gestionar adecuadamente los residuos peligrosos y el aceite usado.
• Abstenerse de participar en cualquier actividad de tratamiento o eliminación no autorizada.
La financiación de los proyectos medioambientales será gestionada por la Fundación Rose para las Comunidades y el Medio Ambiente. La Fundación Rose colabora estrechamente con la comunidad jurídica y los líderes de la justicia ambiental para crear proyectos medioambientales que ayuden a revitalizar los barrios desproporcionadamente afectados por la contaminación.
“Además de enmendar sus errores, la empresa debe reparar parte del daño que ha causado a las comunidades aledañas”, declaró Deb Self, directora ejecutiva de la Fundación Rose. “Con estos fondos, la Fundación Rose destinará recursos para la restauración ambiental y la educación en las zonas afectadas, y capacitará a jóvenes líderes en justicia ambiental para que exijan responsabilidades a quienes contaminan.
Los padres y los miembros de la comunidad preocupados por la exposición a residuos peligrosos deben mantener a los niños alejados del polvo, la suciedad o los escombros cerca de las instalaciones industriales y consultar a un profesional de la salud si tienen preguntas relacionadas con la salud.
Este acuerdo es uno de los 111 casos de cumplimiento de la DTSC resueltos desde principios de 2025, que en conjunto han resultado en casi 13 millones de dólares en multas, costos administrativos y SEP (Expedientes de Protección Ambiental).