El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su preocupación por la orden de incautación emitida por el Gobierno de Nicaragua de la Universidad Centroamericana (UCA), dirigida por jesuitas, tras acusarla de «terrorismo».
«(Guterres) sigue con preocupación los acontecimientos en Nicaragua, en particular el aumento de las tensiones entre el Gobierno nicaragüense y la Iglesia Católica, incluido el reciente cierre de la Universidad Centroamericana», ha declarado el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa.
«El secretario general recuerda que el cierre en curso de un centro educativo, alegando motivos de seguridad nacional, debe llevarse a cabo de conformidad con las obligaciones internacionales derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales», ha añadido el Dujarric.
Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, ha asegurado que esta incautación representa una «mayor erosión» de las instituciones democráticas y una «asfixia del espacio cívico».
Además, ha manifestado que esta universidad es «un centro de excelencia académica» que representa un futuro «de esperanza» en Nicaragua.
«Estados Unidos condena la continua represión del régimen contra figuras e instituciones religiosas, y pedimos la liberación inmediata e incondicional de las personas de conciencia encarceladas en Nicaragua, incluido el obispo Álvarez», ha afirmado Patel durante una rueda de prensa.
«La decisión es una muestra más de que (el presidente de Nicaragua) Daniel Ortega sigue abrazando el autoritarismo y socavando todas las instituciones independientes de Nicaragua. A pesar de sus esfuerzos, no pueden extinguir la libertad de pensamiento, y vamos a seguir utilizando herramientas diplomáticas y económicas para promover la rendición de cuentas por tales», ha agregado el portavoz.
La UCA ha estado en el punto de mira del Gobierno de Daniel Ortega, ya que se ha convertido en uno de los bastiones de los manifestantes opositores desde la crisis sociopolítica iniciada en 2018, en la que murieron más de 350 personas, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Managua ha disuelto este año 26 universidades, al retirar la personalidad jurídica de varias de estas instituciones, en lo que se considera una medida represiva de las autoridades, que también han cerrado partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.
