El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia (OPP-UFG), publicó el estudio cualitativo del uso de las criptovisas y su legislación en El Salvador, en el que incluye los delitos relacionados con esta.
Las criptodivisas tienen más de 10 años, y según el Banco Central de Reservas (BCR), actualmente no existe marco legal ni regulatorio aplicable a estas criptomonedas o equivalentes.
De acuerdo a la investigación, por la naturaleza anónima de la mayoría de criptomonedas, “se prestan para delitos como: tráfico de drogas, extorsión, evasión de impuestos, lavado de dinero, estafas, robo de criptodivisas y pagos por secuestros”, dice.
Ante esto, El Salvador cuenta con la “Ley Especial Contra Delitos Informáticos y Conexos”, con la cual se protege a los usuarios de servicios informáticos, sin embargo, según el estudio, no llena el vacío legal.
“(…), para aplicarse correctamente debe citar textualmente los delitos cometidos en la utilización de criptodivisas sobre todo cuando se trata de delitos internacionales”, específica el estudio.
Además, concluye que el Smart Contract sería una herramienta tecnológica- jurídica para el desarrollo adecuado de las criptodivisas, por: la seguridad que se da al involucrar a un tercero en las transacciones privadas para evitar ilícitos y malas prácticas; representa un menor involucramiento de las autoridades y del gobierno en las transacciones privadas, y porque sirve como un control de esta para su fiscalización.
Fuente: Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia
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