El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció el jueves que ha presentado una nueva solicitud de antejuicio contra la fiscal general del país, Consuelo Porras, a la que acusa de haber cometido los delitos de «violación a la Constitución y abuso de autoridad», después de meses pidiendo su dimisión en el marco de la crisis que atravesó el país tras las elecciones celebradas hace un año.
«Haremos respetar nuestro mandato. Haremos respetar la ley y haremos respetar a Guatemala», ha indicado a través de su perfil en la red social X. Asimismo, junto al procurador general ha solicitado a la Corte de Constitucionalidad «la revocatoria del amparo provisional otorgado» a Porras, argumentado que «no existe, ni existió, la amenaza de violaciones a la Constitución denunciada».
Por su parte, la Fiscalía ha invitado a Arévalo «a que presente las pruebas y las denuncias correspondientes respecto a los señalamientos espurios, falaces y carentes de sustento emitidos», los cuales «se rechazan de manera categórica». Asimismo, ha calificado las declaraciones de «irresponsables y sin fundamento», agregando que han sido realizadas «en continua desobediencia» a lo ordenado por el Constitucional.
«Advertimos el uso de una narrativa perversa y un patrón sistemático que atenta contra la democracia y la institucionalidad del país, incluso desde antes de tomar posesión. Con el único fin de intentar obstruir las investigaciones del Ministerio Público y evitar que la verdad salga a la luz», reza un comunicado.
Arévalo, antes de asumir la Presidencia, acusó a Porras, así como al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y al juez séptimo de Primera Instancia Penal guatemalteco, Fredy Orellana, de liderar un golpe de Estado en su contra.