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EEUU–El Tribunal Supremo de Estados Unidos emitió una decisión que allana el camino para que la Administración del presidente Donald Trump pueda deportar a inmigrantes a terceros países, incluso si estos no han residido previamente allí. Esta medida revoca una orden judicial previa que protegía a los inmigrantes ante posibles riesgos de tortura en países de destino.
El fallo suspende una resolución del juez federal Brian Murphy, quien había dictaminado que las autoridades deben otorgar un plazo razonable para que los inmigrantes puedan apelar sus deportaciones si enfrentan peligro de tortura. Además, Murphy prohibió enviar a migrantes a países en los que no hayan vivido, por considerarlo un riesgo innecesario.
Murphy había señalado que el Gobierno incumplió su dictamen al deportar a ocho inmigrantes de distintas nacionalidades a Sudán del Sur, país en conflicto donde podrían estar expuestos a condiciones peligrosas. Ante esta situación, la Casa Blanca solicitó al Tribunal Supremo suspender temporalmente la orden del juez.
El fallo del Supremo fue emitido sin firma por tratarse de una medida urgente, pero las tres juezas consideradas más liberales —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— manifestaron su disenso. En su opinión, «en asuntos de vida o muerte es preferible actuar con cautela», pero aseguraron que en esta ocasión el Gobierno optó por el camino contrario.
La Alianza Nacional para los Litigios sobre Inmigración, que forma parte del proceso legal, alertó sobre las posibles consecuencias graves de esta decisión. Trina Realmuto, directora ejecutiva de la organización, advirtió que esta medida podría «despojar a los inmigrantes de su derecho al debido proceso» y derivar en «torturas y muertes».
Por su parte, el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer, defendió la suspensión del fallo de Murphy argumentando que la resolución imponía «procedimientos onerosos» que limitaban la capacidad del Ejecutivo para ejercer la política exterior. Sauer sostuvo que la intención es deportar a «lo peor de lo peor» entre los inmigrantes, y señaló que a menudo estos individuos no son aceptados de vuelta en sus países de origen.
Con esta decisión, el Tribunal Supremo fortalece el control del Ejecutivo sobre las deportaciones y abre un precedente para que Estados Unidos envíe a inmigrantes a países terceros, aunque ello implique riesgos significativos para la seguridad y los derechos humanos de los afectados.