La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales estudia una iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo, a través de los ministerios de Seguridad y de Vivienda, que busca incorporar al Código Penal penas de entre 8 y 12 años de cárcel para quienes comercialicen lotificaciones de forma irregular, sin cumplir los requisitos legales y técnicos correspondientes.
La propuesta contempla que cuando las lotificadoras no acaten la ley se les imponga entre 3 y 4 años de prisión, más una multa económica. Los parlamentarios recibieron al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Rodolfo Delgado, quien aseguró que la institución ha recibido denuncias de estafas colectivas.
El fiscal general expresó: “es necesario que se aprueben las reformas que buscan castigar a aquellos malos empresarios que se dedican a la lotificación de inmuebles de forma ilícita y que han dejado a cientos de familias en situación de inseguridad jurídica con sus parcelas”.
Delgado reiteró que las reformas al marco legal permitirán hacer justicia a los afectados y les dará certeza jurídica sobre las propiedades en las que habitan.
La diputada presidenta de la comisión, Marcela Pineda, expuso que el delito que se está contemplando en estos casos es el de estafa agravada y no importa si fue cometido 20 o 30 años atrás.
“Este delito se mantiene vigente y se tiene que hacer justicia. Estamos escuchando a cientos de salvadoreños que no pueden ser dueños de la tierra donde habitan, debido a los engaños a los que fueron sometidos. Esto definitivamente debe acabar”, afirmó Pineda.
De ser efectuados los cambios en la normativa se resolverá un problema que, por décadas, ha afectado a cientos de familias, principalmente de las que residen en las zonas rurales de El Salvador.
Los diputados continuarán el estudio de la iniciativa y acordaron invitar, en la próxima sesión de trabajo, a la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, para que explique la situación de inseguridad jurídica a la que se enfrentan cientos de familias salvadoreñas.
