Habitantes de la Comunidad 10 de mayo en Ahuachapán aseguran que están siendo amenazados para que desalojen el lugar donde se han establecido desde el 2010.
Son 86 familias las afectadas a través de diversos procesos judiciales que se han promovido con el fin de desalojarlas.
«La persona que está desalojando a las familias de dicha comunidad es el Presidente del Diario El Mundo quien en todo este tiempo nos ha tenido en esta zozobra de desalojo forzoso» declaró William Sigüenza, representante de la Comunidad.
Los diversos procesos judiciales que se han realizado para el desalojo de las familias han sido aplicando la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles (Decreto Legislativo 23, aprobado en 2009).
«El apoyo que desde FESPAD se está iniciando es a través de ese mandato constitucional que en su momento dio la Sala de lo Constitucional a través de su resolución, el mandato al Ministerio de vivienda en donde se le establece un período de tiempo para buscar una salida habitacional para las familias de esta comunidad» manifestó Teresa Hernández, abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD).
La Sala de lo Constitucional concedió un plazo de 4 meses al Ministerio de Vivienda para que se busque una solución a la problemática que afecta a estas familias, mismo que vence al finalizar este mes de octubre.
El artículo 119 de la Constitución establece que se declara de interés social la vivienda. Por tanto el Estado debe promover la propiedad de vivienda para la mayoría de la población.
«Como movimiento social consideramos que ese Decreto número 23 nos está afectando a todas las comunidades a nivel nacional porque pone entre la espada y la pared a las comunidades ya que facilita el que se pueda desalojar a las comunidades forzosamente. Por eso venimos pidiendo desde hace años a la Asamblea Legislativa que se derogue, pero no hemos recibido respuesta alguna a la fecha» acotó la representante del Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA) Ricarda Villanueva.
Ante esta situación la comunidad junto a las organizaciones hacen el llamado a las instituciones del sistema integrado de vivienda para brindar una pronta y justa salida habitacional, para generar seguridad y garantizar el derecho a la vivienda adecuada a las familias que habitan en la Comunidad 10 de mayo.
