La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), emitió un comunicado la noche del viernes condenando la decisión tomada por la Fiscalía General de la República (FGR) de finalizar la cooperación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
«La decisión tomada este día por la Fiscalía General de la República (FGR), para finalizar la cooperación técnica e investigativa con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), y su intención de solicitar a Cancillería la terminación del convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA), representa un nuevo retroceso en la lucha contra la corrupción por parte del Estado Salvadoreño. La creación de la Comisión fue una de las principales promesas de campaña de la actual administración del presidente Bukele», cita el comunicado.
De acuerdo con FUNDE, las justificaciones brindadas por el actual Fiscal General, Roberto Delgado, a quien tacharon de ejercer de manera ilegal, no ofrece un argumento válido para desarticular uno de los pocos esfuerzos anticorrupción que quedaban en el país, esto luego de que «el Ejecutivo se deshiciese del control que ejercía la Corte Suprema de Justicia y de otros espacios como el Instituto de Acceso a la Información Pública y la misma Fiscalía».
Asimismo destacaron que durante su gestión, la Comisión presentó a la Fiscalía más de 20 avisos relacionados a posibles delitos de corrupción cometidos por funcionarios de la actual gestión, entre los que se encontraban algunos asociados al delito de negociaciones ilícitas.
«Con estas acciones queda en evidencia la intención de frenas las investigaciones que la Comisión pueda realizar sobre los casos de posible corrupción o de presentación de nuevos indicios y en especial, despoja a la ciudadanía de la oportunidad de obtener justicia frente a la corrupción sistemática que se ha evidenciado en el contexto de la pandemia».
Ante esto FUNDE manifiesta su rechazo a la decisión anunciada e invitan a los salvadoreños a observar con atención la desarticulación promovida desde el Estado, en este tipo de esfuerzos que promueven la transparencia y el combate a la corrupción. «Nuevamente este tipo de hechos profundiza la impunidad y afecta la calidad de vida de toda la población», finalizaron.
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