El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, solicitó el jueves al Congreso de Guatemala que paralice la Ley de la Vida y la Familia, en virtud de la cual se endurecen las penas por abortar.
Según el mandatario, dicha ley viola la Constitución, por lo que el Gobierno «no puede estar de acuerdo» con la misma, asegurando que, si el Congreso no la paraliza, será el propio Ejecutivo quien la vete.
«En primer lugar quiero aclarar que esta iniciativa no fue enviada por el Ejecutivo, y en segundo lugar, no podemos estar de acuerdo, a pesar de su coincidencia con que Guatemala haya sido declarada Capital Iberoamericana por la Vida, no podemos unir una cosa con la otra», señaló Giammattei.
Según el presidente, la propuesta de ley «adolece de deficiencias técnicas en su redacción», pero «lo más preocupante es que viola la Constitución Política de la República».
Consultada sobre esta posición de Giammattei, la presidenta de la junta directiva del Congreso, Shirley Rivera, apuntó que la Cámara estudiará nuevamente la iniciativa. «Todavía estamos en el plazo para poderla enviar o archivar», añadió .
«La vamos a analizar nuevamente para ver si en efecto tiene inconstitucionalidades y vamos a proceder como corresponda», ha señalado Rivera, quien ha detallado que el primer paso será pedir una opinión jurídica a nivel interno y que, de ser necesario, incluso se convocaría a los sectores sociales.
El Congreso de Guatemala aprobó el martes una ley que endurece las penas por abortar, que serán superiores a los cinco años de cárcel, y que limita el contenido LGTBI en centros educativos, alegando que la educación de los niños compete en exclusiva a los padres.
Guatemala sólo contempla el aborto espontáneo y el terapéutico, es decir, cuando la vida de la gestante corre peligro. Cualquier otro supuesto se castigaba hasta ahora con hasta tres años de prisión, pero con la nueva ley las penas pueden ir de los cinco a los 25 años, informa el diario ‘Prensa Libre’.
La Ley para la Protección de la Vida y la Familia generó malestar entre colectivos de mujeres y LGTBI y decenas de personas se concentraron ante el Congreso para expresar su oposición.
