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EEUU—El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, anunció una serie de medidas contra El Salvador en respuesta a la detención ilegal de Kilmar Ábrego García, un residente legal de Maryland deportado erróneamente y encarcelado en una prisión de máxima seguridad en El Salvador.
Pritzker ordenó a las agencias estatales revisar inversiones y contratos con entidades salvadoreñas, y solicitó un análisis del comercio bilateral entre Illinois y El Salvador.
Ábrego García fue deportado el 15 de marzo de 2025, a pesar de una orden judicial de 2019 que prohibía su expulsión debido al riesgo de persecución por pandillas en su país natal. El gobierno de Trump reconoció la deportación como un “error administrativo”, pero se ha negado a cumplir con las órdenes judiciales, incluida una del Tribunal Supremo, que exigen facilitar su regreso.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, se ha negado a liberar a Ábrego García, argumentando que no permitirá el retorno de un supuesto “terrorista”, a pesar de que no existen cargos penales en su contra. Esta negativa ha intensificado las tensiones diplomáticas y ha motivado la respuesta de Illinois.
Las medidas de Illinois incluyen la revisión de inversiones de los sistemas de pensiones estatales y la evaluación de contratos públicos con empresas salvadoreñas. Además, se analizará la presencia de productos salvadoreños en las cadenas de suministro locales.
El caso ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y legisladores demócratas, quienes han visitado El Salvador para exigir la liberación de Ábrego García. Su esposa, Jennifer Vásquez Sura, ha rechazado las acusaciones de vínculos con pandillas y ha denunciado las condiciones de detención en la prisión salvadoreña.
La situación continúa desarrollándose, con implicaciones significativas para las relaciones entre Illinois, el gobierno federal y El Salvador.