La Asamblea Legislativa juramentó a los integrantes de la Comisión de Antejucio contra el diputado de ARENA, Alberto Romero, quien es señalado por la Fiscalía General de la República de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.
Los parlamentarios que conformarán la mesa de trabajo son Ernesto Castro, como presidente; Rodrigo Ayala, como secretario, y Caleb Navarro como relator. Los vocales serán Alexia Rivas, Raúl Castillo, José Urbina, William Soriano, Silvia Ostorga y Guillermo Gallegos. Mientras que los legisladores Marcela Pineda y Giovanny Saldaña fueron nombrados como fiscales.
Las peticiones de antejuicio y desafuero contra el funcionario ingresaron al pleno legislativo con dispensa de trámite, tras la solicitud del fiscal general, Rodolfo Delgado, quien sostuvo que existen suficientes indicios de que el funcionario ha cometido los referidos delitos.
“El diputado Alberto Armando Romero Rodríguez tuvo ingresos sin justificar por un monto de $1,162,388.05 y en virtud de eso le es atribuible el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos”, aseguró el funcionario.
Tras recibir la petición, el presidente Castro convocó a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para que sesionara y abordara el tema.
Los parlamentarios coincidieron en que las peticiones fiscales reunían los requisitos de ley y emitieron un dictamen favorable para que se creara la Comisión de Antejuicio, la cual deberá determinar si hay formación de causa para retirarle el fuero constitucional a Romero y pueda enfrentar un proceso penal.
El presidente del Órgano Legislativo reiteró que desde la nueva Asamblea Legislativa se está rompiendo con la tradición de corrupción de la vieja clase política y reiteró que brindarán todo el respaldo a las instituciones para que en las instancias correspondientes se logre llegar a la verdad.
“Nosotros siempre, sin importar el partido, sin importar ningún tipo de circunstancia, siempre vamos a buscarla verdad. Lastimosamente, en el pasado, el fuero se hizo un sinónimo de corrupción, porque fue garantía de impunidad. Pero este país ya cambió. Aunque algunos no logren aceptarlo, el pueblo ha iniciado una transformación total”, apuntó el presidente Castro.
En el mismo sentido, el legislador Christian Guevara expresó que “esta es una plenaria histórica, donde hemos roto un récord, el de la honestidad. Este sería el quinto proceso de desafuero que se inicia, algo que los partidos anteriores no tuvieron el valor de hacer”.
Por su parte, el diputado Jorge Castro manifestó que la Comisión de Antejuicio realizará una búsqueda de la verdad, la existencia de un posible delito y abrir las puertas para que se realice un proceso judicial.
“Abrir el proceso de antejuicio es prácticamente una responsabilidad de la Asamblea, es una obligación. Hay una petición formal del fiscal, las asambleas anteriores desestimaban esta responsabilidad, pero nosotros no”, expresó Castro.
Retención de diputado Romero
Minutos antes de que el fiscal general presentara al Órgano Legislativo la solicitud para que se le eliminara el fuero a Alberto Romero, el diputado abandonó el recinto en pleno desarrollo de la sesión plenaria. Más tarde, la Policía Nacional Civil (PNC), a través de sus redes sociales, informó que había retenido al funcionario por resistencia agresiva, luego de que insultara a unos agentes policiales.
Como lo establece el artículo 238 de la Constitución de la República, el legislador fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro. Después, la Junta Directiva sesionó y acordó enviar a la Fiscalía General las diligencias recibidas por parte de la corporación policial.
Además, el presidente Castro explicó que el legislador permanecerá retenido en las instalaciones legislativas, específicamente en las oficinas de ARENA, en donde se le deberán garantizar sus derechos constitucionales como defensa, alimentación, atención médica y otros.
Castro también informó que se solicitó la presencia de agentes policías para garantizar la custodia del legislador dentro de este órgano de Estado. Además, el funcionario fue puesto a disposición de la coordinación adjunta del grupo parlamentario de ARENA, Silvia Ostorga.
Las investigaciones de la FGR
Una investigación realizada por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que hubo varias irregularidades en el patrimonio del diputado, quien no pudo justificar el origen de $445,766.05. El pasado 14 de agosto, la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque lo encontró responsable de enriquecimiento ilícito a Romero y ordenó que le retribuyera al Estado dicha cantidad.
Esto sirvió para que la FGR ahondara en las investigación de los periodos entre el 1 de mayo de 2009 y el 31 de diciembre de 2022, tiempo en el que Romero se ha desempeñado como diputado propietario por el departamento de Cuscatlán. Los hallazgos revelaron que el funcionario no ha podido justificar $1,162,388.05, por eso las autoridades le atribuyen los delitos de enriquecimiento y lavado de dinero.
Enriquecimiento Ilícito y Lavado de Dinero y Activos
El Código Procesal Penal en su artículo 333, establece que “el funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años”.
Así mismo, la Ley Contra el Lavado de Dinero y Otros Activos, en su artículo 4 determina que se entenderá por se entenderá por lavado de dinero y de activos, cualquier operación, transacción, acción u omisión encaminada a ocultar el origen ilícito y a legalizar bienes y valores provenientes de actividades delictivas cometidas dentro o fuera del país.
Además, la ley indica que quien depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito, o ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos a quien haya participado en la comisión de dichas actividades delictivas, dentro o fuera del país, será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales vigentes para el comercio, industria y servicios al momento que se dicta la sentencia correspondiente.
