La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, ha negado estar liderando un golpe de Estado un golpe de Estado en el país, después de que haya realizado varios intentos por inhabilitar los resultados de las elecciones presidenciales o ilegalizar al Movimiento Semilla, partido del presidente electo, Bernardo Arévalo.
«Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento que pretenda involucrar al Ministerio Público con el resultado del evento electoral. (…) Rechazamos frontal y categóricamente cualquier señalamiento respecto a que se esté formando parte de un proceso de golpe de Estado, como falsamente se ha señalado», ha declarado.
Porras, que ha realizado una conferencia de prensa tras reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha aseverado que estos «señalamientos tienen como objetivo detener las investigaciones en curso respecto de denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público».
«Garantizando el respeto a los derechos de las víctimas, deben ser investigadas. La función constitucional es investigar, por lo que una investigación jamás podría dar un golpe de Estado y menos cambiar los resultados del evento electoral», ha sostenido.
Arévalo denunció el pasado viernes que las autoridades judiciales, una «mafia política enquistada en las instituciones del Estado», han llevado a cabo un golpe en el país para impedir la transición de poder, pese a que obtuvo la victoria con el 60,9 por ciento de los votos frente al 39,9 por ciento de su rival, Sandra Torres, de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
«Existe un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar este resultado y han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violentar la democracia. Estas acciones constituyen un golpe de Estado que es promovido desde la instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país», destacó entonces en una rueda de prensa.
En este sentido, señaló directamente a la fiscal general del país, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, el cuestionado Rafael Curruchiche; al juez séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, Fredy Orellana; así como a la Junta Directiva del Congreso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya aseguró que la decisión de suspender el registro del Movimiento Semilla «tendría por finalidad impedir la toma de posesión de los integrantes del partido electos para la Presidencia y Vicepresidencia de la República».
