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Nicaragua–La Asamblea Nacional de Nicaragua dio su primera aprobación a una modificación constitucional que permitirá a la Presidencia nombrar funcionarios para desempeñar tareas específicas.
La reforma del artículo 126 de la Constitución contempla reemplazar la figura del vicepresidente por la de «designados presidenciales», quienes ejercerán las funciones que les sean asignadas desde la Presidencia.
La iniciativa se produce más de un año después de que Rosario Murillo dejara la vicepresidencia para asumir la copresidencia junto a Daniel Ortega, como parte de los cambios constitucionales aprobados en 2025.
Para que la nueva disposición entre en vigor, todavía deberá superar una segunda aprobación legislativa y posteriormente publicarse en el diario oficial La Gaceta.
La modificación también ha provocado reacciones entre representantes de la oposición nicaragüense en el exilio. Juan Sebastián Chamorro, coordinador de Ciudadanos por la Libertad (CxL), expresó a La Prensa que la reforma podría estar relacionada con cambios en la distribución de responsabilidades dentro del Ejecutivo.
Chamorro planteó, además, la posibilidad de que Laureano Ortega Murillo, hijo de los copresidentes, asuma nuevas funciones vinculadas con las relaciones internacionales. Sin embargo, esta interpretación no ha sido confirmada oficialmente.
La decisión legislativa coincide con otros ajustes en la estructura administrativa del Estado. Entre ellos figura el traslado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia y del diario oficial La Gaceta a la Procuraduría General de Justicia, encabezada por Wendy Morales.
Con esta reorganización, la Procuraduría asumiría responsabilidades de administración, supervisión y gestión financiera sobre ambas dependencias, mientras el Ministerio de Hacienda realizaría las modificaciones presupuestarias necesarias.
En paralelo, el Legislativo mantiene pendientes otras reformas constitucionales relacionadas con la duración de los períodos presidenciales y las disposiciones electorales. Su discusión definitiva está prevista para enero de 2027.
Los cambios ocurren en medio de los cuestionamientos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación política nicaragüense. El organismo aprobó el pasado 2 de octubre una resolución en la que solicitó la liberación de personas privadas de libertad por motivos políticos y la revisión de reformas promovidas por el Gobierno.
La Asamblea Nacional sostiene que la creación de los designados presidenciales busca mejorar la coordinación entre las instituciones públicas y facilitar la ejecución de las decisiones del Ejecutivo. Por su parte, sectores opositores cuestionan el alcance de los nuevos nombramientos y sus posibles implicaciones políticas.