Diferentes organizaciones y coaliciones salvadoreñas y guatemaltecas presentaron este 20 de septiembre una carta abierta al embajador de Guatemala en El Salvador con motivo del primer aniversario de la consulta de vecinos contra la minería Asunción Mita, Guatemala.
Estas organizaciones manifiestan que desde hace más de 15 años han expresado ante diferentes instancias del gobierno guatemalteco, su preocupación por los impactos que la mina Cerro Blanco podría causar al medio ambiente y las y la salud de la comunidad de Asunción mita y millones de salvadoreñas y salvadoreños que se abastecen del agua del Río Lempa.
La adjudicación de licencias para la operación del proyecto adolece de debida diligencia por parte de las instituciones guatemaltecas y Estudios de Impacto Ambiental deficientes por parte de la de la empresa, haciendo referencia al proyecto extractivo de oro Cerro Blanco, ubicado en un sistema geotérmico ambientalmente sensible que se extiende por la región del trifinio (Honduras, Guatemala y El Salvador).
“Hoy nos sumamos en esta lucha ambiental contra todo tipo de minería que afecta nuestros derechos ambientales nuestros derechos humanos como mujeres y hombres de pueblos diversos que defendemos la vida” dijo Claudia Rodríguez, integrante del Movimiento Ecofeminista de El Salvador.
El pasado 18 de septiembre del 2,022 se celebró la consulta municipal que se llevó a cabo con un resultado contundente en donde 7,481 personas votaron por un “no” a los proyectos mineros y 904 dijeron sí, en un tal de 8,745 personas que emitieron su voto, equivalente al 28% de los votantes registrados en el padrón electoral del municipio.
Sin embargo, el proyecto minero Cerro Blanco sigue operando con licencias aprobadas de manera irregular y sin Estudios de Impacto Ambiental adecuados que garanticen el derecho humano al agua, por ello exigen a las instituciones del gobierno de Guatemala, cancelarlas.
También instan a respetar los resultados de la ciudadanía, y que las autoridades retomen el dialogo de la Comisión Binacional con autoridades salvadoreñas orientadas a proteger las cuencas transfronterizas para garantizar el derecho al agua de las personas.
