Este día Silvia Montalván acompañada de FESPAD presentó una tercera demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de la desaparición de Rodrigo Montalván, un joven de 15 años de edad, ocurrida en el año 2015, cuando ejercía como presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén que asumió en 2014-, el cargo de Ministro de Justicia y Seguridad Pública era ocupado por Benito Antonio Lara Fernández, como Director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Ramírez Landaverde y como Fiscal General de la República -FGR-, Luis Martinez
Ninguna de las instituciones presididas por esos funcionarios, encargados de la seguridad de la ciudadanía, fue capaz de evitar la desaparición del joven Rodrigo Montalván, o de determinar quién o quiénes eran los responsables de ese abominable hecho, tampoco hicieron lo necesario para ubicarlo, con o sin vida. La última vez que Silvia, la madre de Rodrigo lo vio con vida fue el 20 de febrero del año 2015, cuando lo despidió para irse a un colegio en San Salvador donde cursaba sus estudios.
Han pasado 8 años desde que Silvia, interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la República por la desaparición de su hijo y aún no hay ningún avance en la investigación. La FGR, a la fecha no ha realizado ninguna diligencia que permita esclarecer el hecho y, obviamente, eso ha impedido que la familia sepa qué fue lo que verdaderamente le pasó al joven menor de edad.
A diferencia de las instituciones responsables de ubicar el paradero de Rodrigo, su madre no ha dejado de buscarle, ha asistido a hospitales, bartolinas de la Policía Nacional Civil y a oficinas de Medicina Legal de manera periódica, a consultar álbumes que dicha institución va alimentando con fotografías de cuerpos que son descubiertos en algún lugar del pals. Esta consulta tiene el propósito de tratar de identificar alguna coincidencia entre las características físicas y vestuario de su hijo con las osamentas encontradas hasta la fecha.
Actualmente, el Instituto de Medicina Legal (IML) no cuenta con un banco nacional de datos de ADN que facilite la identificación de los cuerpos que son encontrados por las autoridades en fosas clandestinas. Tampoco existe ninguna instancia del Estado que esté ejecutando algún programa de atención psicosocial, específicamente orientado para las familias de personas desaparecidas, por lo cual, la familia de Rodrigo ha sido abandonada en todo sentido en la búsqueda de su hijo, en el establecimiento de la verdad de lo que le ocurrió y en la atención de todos los impactos negativos que el hecho ha tenido en el seno familiar.
Ante esas circunstancias hoy se presenta esta demanda de amparo arde la Sala de lo Constitucional con el objetivo que las actuales autoridades garanticen el acceso a la justicia que por muchos años se ha negado respecto a saber que ocurrió a Rodrigo Montalván
En la demanda, se reclama por:
La omisión de una investigación exhaustiva y concluyente por parte de la Fiscalía General de la República, que permita establecer quién a quiénes son los responsables de la desaparición de Rodrigo y, también dar con su paradero, con lo cual se vulnera (a) el derecho de acceso a la jurisdicción; y (b) el derecho a conocer la verdad.
La omisión de la Asamblea Legislativa respecto a emitir una normativa que contribuya a hacer eficiente el proceso de ubicación o identificación de una persona desaparecida y para garantizar apoyo psicosocial al grupo familiar de quien ha sido víctima de tan temible hecho, omisión con la que se vulnera el derecho (a) a la protección para la conservación y defensa de los derechos y (b) el derecho a la protección familiar.
Una sentencia favorable de la Sala de lo Constitucional, implicaría ordenar a las actuales autoridades de la Fiscalía General de la República, llevar a cabo las diligencias necesarias para una verdadera investigación, que permita acceder a la justicia y conocer la verdad de lo que pasó.
Asimismo, implicaría pedir a la Asamblea Legislativa, la emisión de la ley «Cada salvadoreño importa, nadie quedará en el olvido», que le dé mayores herramientas a las autoridades para poder llevar a cabo los procesos de búsqueda y para atender a las familias de las personas desaparecidas.
Llamamos a la Sala de lo Constitucional a estudiar esta demanda a la brevedad posible y con ello, contribuir a superar ese pasado oscuro en que se ignoraba a las víctimas de graves violaciones a derechos humanos.
