Ayer fue presentado el proyecto de reforma constitucional al Presidente Nayib Bukele, en el marco de la Conmemoración de los 200 años de independencia de Centro América.
Ante esto distintas organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que para reformar la Carta Magna se debe abrir un debate profundo con todos los sectores de la sociedad.
«La propuesta así como está elaborada implica graves retrocesos a la garantía de derechos y la institucionalidad del país ya que se trastoca el articulado de las cláusulas pétreas, además de introducirse cambios significativos en el sistema político y forma de gobierno entre otras acciones que van en detrimento del proceso democrático» señaló Saraí Molina, representante de la Unidad Sindical y Gremial de El Salvador.
Las organizaciones además coinsiden en que un proceso de reformas a la Constitución debe ir encaminado a garantizar la participación democrática y seguridad jurídica para la ciudadanía.
Por el contrario la actual propuesta está encaminada a desmontar la institucionaliza según el manifiesto de las organizaciones sociales.
«Por eso hacemos el llamado a la sociedad en general a oponernos a aquellas acciones que suponen un retroceso a nuestro sistema democrático.
En ese sentido proponemos el inicio de un proceso de reforma constitucional que garantice la participación de amplios sectores de la sociedad, y que no venga dictado de forma verticalista desde el Presidente» declaró la Abogada Independiente, Bessy Ríos.
Según el artículo 248 de la Carta Magna: para que una enmienda constitucional surta efecto, esta debe ser acompañada por al menos 10 diputados del congreso.
