El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, lideró una jornada de inspecciones en diferentes agentes de la cadena de suministros de alimentos, con el objetivo de corroborar los precios de productos en empresas almacenadoras de cereales y granos básicos.
“Estamos realizando inspecciones en empresas dedicadas al almacenamiento de productos, en este momento nos encontramos en la empresa Alcasa S.A. de C.V., también de manera simultánea se está haciendo en la Almacenadora del Pacífico (Almapac), en Almacenadora GRADECA e Inversiones Servigran, S.A. de C.V.”, dijo Salazar.
El funcionario enfatizó que esta institución tiene amplia competencia para poder establecer la práctica abusiva del incremento injustificado de precio en los productos de primera necesidad o esenciales para la población.
Esta inspección está amparada en la Ley de Protección al Consumidor, la cual califica como una infracción grave las prácticas abusivas por parte de proveedores. De acuerdo con la normativa, las multas por esta falta alcanzan hasta los 500 salarios mínimos, según lo que el Tribunal Sancionador dictamine del caso.
“Desde marzo del año pasado a la fecha hemos interpuesto 60 sanciones que rondan los $240,000 a diferentes empresas, tanto aquellas dedicadas a la importación, comercialización de alimentos, como también aquellas dedicadas a la importación de concentrados, fertilizantes y otros productos que se utilizan para la cadena de lo que es la parte de agricultura y ganadería”, explicó Salazar.
El titular de la Defensoría explicó que estas inspecciones buscan constatar que las medidas como la eliminación del pago de aranceles, se trasladen a los consumidores.
