El Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica está compuesto por seis organizaciones de sociedad civil dedicadas a la protección y defensa de los derechos humanos en distintos países de la región.
Desde el año 2005, el Equipo registra la conflictividad social e identifica tendencias regionales sobre violaciones a derechos humanos.
En marzo de 2023, se presentó el Informe Centroamericano sobre derechos humanos y conflictividad social (2021-2022) que evidenció graves retrocesos en Centroamérica, siendo más acentuados los referentes a la calidad de la democracia, debilitamiento del Estado de derecho, libertad de expresión y libertad religiosa.
Este documento también expuso las profundas crisis políticas a las que están sometidos algunos de los países, lo cual ha desencadenado masivas afectaciones a los derechos de miles de personas.
Algunas tendencias a nivel regional
Durante este año, se han registrado y observado graves atropellos a los débiles modelos democráticos que aún persisten, identificando una tendencia regional a la cooptación y posterior instrumentalización de los Sistemas de Justicia para la criminalización de la ciudadanía, sindicalistas, periodistas y organizaciones defensoras de derechos humanos críticas a los diferentes gobiernos.
Muestra de ello son ciudadanas/os encarcelados arbitrariamente, desterrados/as de su nación, y que enfrentan procesos penales en países como Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Asimismo, se denuncia la instalación de una narrativa de odio y descrédito promovida por los gobernantes y funcionarios en contra de voces críticas, a saber: defensores/as, periodistas de medios independientes, dirigentes comunitarios, etc. Esta situación se ha desarrollado de manera sistemática en El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, y es materializada mediante el acoso policial, criminalización, como es el caso de los defensores del Río Guapinol en Tocoa, Honduras.
Otra de las amenazas son las capturas arbitrarias, y desplazamiento forzado de personas pertenecientes a la sociedad civil organizada. En el último año, en Costa Rica se documentaron ataques y declaraciones estigmatizantes en contra de la prensa por el mandatario Rodrigo Chávez, esto se considera un indicador de la erosión de la calidad democrática de este país.
A su vez, merece especial atención la campaña de desinformación y amenazas de la cual fue víctima Radio Progreso, de Honduras, en mayo de 2023, a un año de una nueva gestión gubernamental.
En El Salvador y Guatemala es una constante el hostigamiento a la prensa independiente, así como el acoso sistemático a periodistas por parte de instituciones estatales, ejemplo de ello es la detención arbitraria del periodista salvadoreño Víctor Barahona, en julio de 2022, quien pasó un año en prisión sin haber cometido delito alguno.
Tomando como base un breve recuento del contexto que envuelve la región, el Equipo Regional de Monitoreo y Análisis de Derechos Humanos en Centroamérica, hace:
Un llamado a los Estados centroamericanos para la planeación y ejecución de políticas públicas integrales que tengan como base fundamental el respeto y la dignidad de las personas, en ese sentido, se les insta a derogar medidas que restrinjan o eliminen los derechos de la población. Se ha comprobado que con la implementación de las mismas se abren las puertas al cometimiento de detenciones arbitrarias, sobrepoblación del sistema penitenciario, y encarcelaciones de personas inocentes.
