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ElSalvador–El expresidente salvadoreño cumplió una condena de diez años de prisión por peculado y lavado de dinero. La salida de la cárcel no extingue las obligaciones económicas impuestas en los procesos judiciales que enfrenta.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los bienes relacionados con el caso de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca continuarán bajo las medidas legales y judiciales correspondientes, tras la emisión de una orden de libertad por el cumplimiento de su condena de diez años de prisión.
El pronunciamiento fue difundido el miércoles 28 de octubre, un día después de que la orden de libertad entrara en vigor. El exmandatario, quien gobernó El Salvador entre 2004 y 2009, fue condenado por el desvío de fondos públicos y lavado de dinero durante su administración.
La institución aclaró que la salida de prisión no implica la devolución automática de empresas, inmuebles, vehículos y otros activos vinculados con las investigaciones, los cuales permanecen sujetos a las resoluciones judiciales y las disposiciones legales aplicables.
Activos valorados en $9.6 millones
Entre los antecedentes del caso figura una resolución judicial de marzo de 2026 que ordenó la extinción de dominio de 25 inmuebles y ocho productos financieros relacionados con las investigaciones contra el exmandatario.
Según los datos divulgados por la Fiscalía, las propiedades fueron valoradas en aproximadamente $7.54 millones, mientras que los productos financieros alcanzaban unos $2.04 millones. En conjunto, los activos sumaban cerca de $9.6 millones.
La investigación también identificó siete sociedades presuntamente utilizadas para movilizar y ocultar recursos públicos. Como parte del proceso, se ordenó su disolución.
La FGR sostuvo que estos bienes continuarán sujetos a las medidas correspondientes, independientemente de que Saca haya cumplido su pena de prisión.
En su comunicado, la institución indicó que el proceso penal que derivó en la condena del expresidente fue estructurado durante la gestión del entonces fiscal general Douglas Arquímedes Meléndez Ruiz.
Además, afirmó que una revisión interna permitió identificar un supuesto planteamiento jurídico que habría buscado facilitar la salida anticipada de Saca, antes de cumplir la totalidad de la condena. Según la actual administración fiscal, se adoptaron medidas para impedir que esa alternativa prosperara.
Estas afirmaciones forman parte de las explicaciones presentadas por la Fiscalía sobre las actuaciones relacionadas con el expediente.
El 13 de septiembre de 2018, el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Saca a diez años de prisión por peculado y lavado de dinero y activos, en el caso conocido como «Destape a la Corrupción».
La investigación estableció que durante su gobierno se movilizaron aproximadamente $301 millones procedentes de fondos públicos de Casa Presidencial. De acuerdo con el expediente, los recursos fueron transferidos a cuentas particulares mediante cheques y operaciones destinadas a ocultar su origen.
Saca aceptó los hechos atribuidos por la Fiscalía y se sometió a un procedimiento abreviado, mecanismo que permitió establecer la pena impuesta.
Además de la condena penal, el exmandatario recibió una responsabilidad civil de aproximadamente $260.7 millones por los daños ocasionados al Estado. Las obligaciones civiles establecidas para los siete condenados en el caso alcanzaron alrededor de $300 millones.
El proceso también involucró a antiguos funcionarios y colaboradores de su administración, entre ellos Élmer Charlaix, César Funes, Julio Rank, Francisco Rodríguez Arteaga, Jorge Herrera y Pablo Gómez.
La situación patrimonial del expresidente también está relacionada con otros procesos judiciales. En enero de 2021, una resolución civil condenó a Saca y a su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, por enriquecimiento ilícito, al determinar que no justificaron parte del incremento de su patrimonio durante el período presidencial.
En ese expediente, Saca debía reintegrar cerca de $3.89 millones al Estado, mientras que su esposa tenía una obligación de aproximadamente $589,608.42. En abril de 2026, la Fiscalía informó que el exmandatario había abonado $5,845.75 a la cantidad establecida en su sentencia civil.
También existe una condena civil relacionada con el manejo irregular de fondos provenientes de Taiwán, por la cual se determinó que Saca debía devolver $6 millones.
Por otra parte, en septiembre de 2019, el expresidente recibió una pena de dos años de prisión por soborno, después de admitir que entregó $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil relacionado con su patrimonio. Las autoridades determinaron posteriormente que esa pena ya había sido cumplida con el tiempo de detención provisional.
La salida de prisión, por tanto, no supone que todas las obligaciones económicas hayan sido canceladas. Los montos corresponden a procesos distintos y deben distinguirse según cada resolución judicial.
La Fiscalía reiteró que mantendrá las medidas sobre los activos vinculados con los casos, mientras las autoridades judiciales continúan con las actuaciones relacionadas con las responsabilidades patrimoniales pendientes.