El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel del 25% a partir del 2 de abril de 2025 a todos los países que compren petróleo o gas de Venezuela.
Esta medida, denominada “arancel secundario”, busca presionar a las naciones que mantienen relaciones comerciales energéticas con Venezuela, afectando especialmente a países como China, India, España, Rusia, Singapur y Vietnam, que son importadores significativos de petróleo venezolano.
Trump justificó esta decisión acusando al gobierno venezolano de actuar de manera hostil hacia Estados Unidos y de permitir la operación de la banda criminal “Tren de Aragua” en su territorio. Esta organización ha sido vinculada a actividades delictivas en varios países de América Latina y se le atribuyen conexiones con el régimen de Nicolás Maduro.
Además, el presidente Trump ha sostenido que Venezuela ha reducido sus índices de criminalidad interna al “vaciar sus cárceles” y enviar a delincuentes a Estados Unidos, una acusación que ha reiterado en varias ocasiones.
La implementación de estos aranceles también se enmarca en una serie de medidas comerciales más amplias que incluyen impuestos a las importaciones de automóviles, productos farmacéuticos y un incremento en los aranceles al acero y aluminio.
Estas acciones han generado fluctuaciones en los mercados financieros, con movimientos positivos en la bolsa estadounidense debido a la expectativa de que los aranceles sean más específicos de lo inicialmente previsto.
La comunidad internacional está atenta a las repercusiones de estas medidas, que podrían intensificar las tensiones comerciales y afectar la dinámica del mercado energético global.