Reforman la Ley Contra el Crimen Organizado para endurecer las penas contra cabecillas de grupos criminales. Además, aprobaron disposiciones transitorias para ingresar a los acusados a un solo procedimiento penal de acuerdo a la estructura terrorista a la que pertenecen.
Asamblea Legislativa avalaron, con 67 votos, reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, con el objetivo de aumentar las penas carcelarias para los cabecillas de grupos criminales.
“La población y el salvadoreño honrado tiene quién los represente y este pliego de reformas viene a darle cumplimiento a la pronta y cumplida justicia que jamás se llevó a cabo”, expresó el parlamentario Mauricio Ortiz.
Actualmente, la normativa establece penas máximas de hasta 45 años para los jefes de pandillas, pero la propuesta aprobada contempla el aumento de tres tercios en la condena. Es decir, que podrían llegar a purgar hasta 60 años de reclusión.
“Con esto buscamos que aquellos que están delinquiendo vean que El Salvador ya no es el país en donde hacen lo que quieran. Eso se acabó”, expresó el presidente de la Comisión de Seguridad y Combate a la Seguridad, Eduardo Amaya, mesa de trabajo que emitió los dictámenes favorables.
Por su parte, el diputado William Soriano dijo que en materia de seguridad son pocos los países que han podido entregarle a su población resultados irrefutables y argumentó que las medidas tomadas por esta nueva Asamblea Legislativa han sido oportunas y eficientes.
El legislador puso como ejemplo a Costa Rica en donde las autoridades han registrado, de enero a la fecha, 500 asesinatos; mientras que El Salvador, 75. Con ello se demuestra que la nación vecina tiene siete veces más asesinatos que El Salvador.
“Pasamos de ser el país más violento del mundo, sin guerra activa, a ser un país que ha establecido y ha entregado un modelo eficiente a la región de cómo devolverle la paz y la tranquilidad a la población. Trabajaremos hasta capturar al último pandillero”, afirmó Soriano.
Un segundo aval: Disposiciones transitorias
Los parlamentarios también aprobaron, con 67 votos, disposiciones transitorias especiales para brindar herramientas al Órgano Judicial y con ello poder ordenar el procedimiento de imputados detenidos en el marco del régimen de excepción, decretado el 27 de marzo de 2022.
Actualmente, los registros de la Policía Nacional Civil (PNC) indican que 71,976 personas han sido detenidas acusadas de cometer delitos relacionados con las pandillas.
Estas disposiciones son una herramienta que le brindará facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) para llevar a cabo procedimientos transicionales, que incluye la agrupación de los imputados por estructura delictiva.
Con esto se pretenden ordenar todas las capturas que se han realizado en el marco del régimen de excepción. Esta iniciativa agilizará los procesos judiciales en contra de los capturados.
“Las disposiciones ofrecidas por la Fiscalía vienen a brindar orden a la hora de procesar a esas organizaciones. Ya no existirá esa dualidad de procesos, además se establece un plazo máximo de 24 mases para que se lleven a cabo ese proceso (investigaciones)”, manifestó el parlamentario Amaya.
El legislador explicó que el proceso penal actual lleva más de cinco etapas y con las disposiciones especiales se busca hacerlo más simple y objetivo.
“Si leemos la reforma, esta vuelve más funcional el proceso, más efectivo y dota de herramientas a la Fiscalía en el proceso probatorio. También se puede solicitar una prueba anticipada de testigos, algo normal en otras estructuras procesales de otros países”, aseguró sobre la temática el parlamentario Jorge Castro.
Un pertinente análisis que llevó a dictaminar favorable
Para el estudio de ambas iniciativas, los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad recibieron al titular de la FGR, Rodolfo Delgado; al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro; y a la presidenta de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sandra Luz Chicas.
“La Comisión de Seguridad dictaminó dos iniciativas que buscan brindar herramientas más necesarias para combatir frontalmente a la delincuencia y para seguir combatiendo directamente a esas organizaciones que por muchos años y décadas sangraron al pueblo salvadoreño”, dijo el diputado Amaya.
Por su parte, el legislador Mauricio Ortiz sostuvo que como comisión les complace entregar al pleno legislativo, después de una discusión exhaustiva dentro de la mesa, un pliego de reformas que fortalecerán los temas de seguridad dentro de las estrategias del Presidente Bukele.
“No vamos a titubear y no vamos a dar un paso atrás en esta guerra contra las pandillas, no vamos a dudar en apoyar y en darle gobernabilidad al Presidente de la República en temas de seguridad, y el segundo llamado es a las estructuras criminales, que si creen que nosotros no vamos a seguir fortaleciendo las leyes en temas de seguridad se han equivocado”, aseveró Ortiz.
