La Asamblea Legislativa aprobó con 67 votos la undécima ampliación del régimen de excepción, con lo que el país cumplirá un año con esta medida solicitada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele.
El Gabinete de Seguridad, llegó en horas de la tarde a la Asamblea Legislativa para presentar la propuesta de prórroga, destacando que el país registra 300 días sin homicidios.
“Ayer se celebró que el país lleva 300 días sin homicidios, a diferencia del gobierno anterior que solamente registró 1. Este resultado refleja nuestro compromiso al tener al centro de nuestras políticas en materia de seguridad al ser humano”, dijo el Ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro .
Villatoro también destacó que durante la décima prórroga se inauguró el Centro de Contención del Terrorismo (CECOT ) y también se cerró el mes de enero como el menos violento de la historia únicamente con 11 letalidades.
“Estamos preparando con la FGR y los tribunales, el camino procesal para estos cobardes terroristas, que responderán entre 20 y 45 años por pertenecer a una estructura terrorista”, agregó Villatoro.
Además, van a responder por la autoría mediática de los delitos de homicidio cometidos entre 2012 al 2022, en una primera fase.
En el casi año de vigencia del régimen de excepción, se han capturado a más de 64.000 personas y se han contabilizado 300 días sin asesinatos, lo que implica una reducción de la violencia, según ha detallado el Parlamento salvadoreño en su misiva.
El presidente de la Cámara, Ernesto Castro, ha asegurado que «el triste gobierno anterior solo tuvo un día sin homicidios en cinco años, mientras que nosotros llevamos 300 días en menos de cuatro años».
Asimismo, ha asegurado que, «una vez más», la Asamblea Legislativa ha dado marcos legales al Gobierno dentro de la Constitución para poder prorrogar el régimen de excepción.
Durante el periodo del estado de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.
Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las «evidencias graves» de abusos a los Derechos Humanos desde que se adoptó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022.
