La Asamblea Legislativa aprobó en la plenaria del martes, la decimosexta prórroga del régimen de excepción decretado en marzo de 2022 en el marco de los esfuerzos por combatir a las pandillas.
El órgano aprobó la extensión con 67 votos a favor, nueve en contra y tres abstenciones, en medio de discusiones entre el partido gobernante, Nuevas Ideas, que defiende el aumento de la seguridad en el país, y la oposición, que ha criticado las violaciones de Derechos Humanos.
Además, la oposición ha reclamado la creación de una comisión de torturas en las cárceles, así como investigar las muertes de pandilleros y las detenciones arbitrarias de personas inocentes.
Por su parte, el Gobierno argumenta que es «imperante continuar la guerra contra las pandillas» por la «reiteración de hechos delictivos y la reacción violenta de remanentes de las estructuras criminales».
Durante el periodo del régimen de excepción, el Gobierno salvadoreño queda capacitado para suspender ciertas libertades y garantías para facilitar despliegue de militares y policías en las calles y en los municipios donde ocurrieron estos homicidios.
En concreto, esta medida permite en todo el país la suspensión del derecho de reunión, el aumento del máximo de detención de 72 horas a 15 días, la eliminación del derecho de defensa y la eliminación del derecho de no ser intervenido en las telecomunicaciones.
Naciones Unidas y organizaciones como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han mostrado su preocupación en reiteradas ocasiones por las «evidencias graves» de abusos a los Derechos Humanos desde que se adoptó el estado de excepción el 27 de marzo de 2022.